Sobrepasado el ecuador de junio y con la temporada estival encima, los hosteleros de Castellón, tal y como ya denunciaron los alcaldes, urgen a las administraciones a llevar a cabo tratamientos que permitan poner ya coto a la plaga de mosquitos, sobre todo en los municipios costeros. Además de suponer un problema de salud pública, critican que la presencia de estos insectos lastra y deteriora la imagen de la provincia como destino turístico, especialmente en una campaña muy marcada por la pandemia.
El problema principal, como señalan desde la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), es que se trata de una situación que se viene arrastrando verano tras verano y que genera mucha preocupación entre el sector. «Exigimos una solución a un problema recurrente que es muy perjudicial para la salud y el turismo», apunta Luis Martí, vicepresidente de la patronal.
Una amenaza que persiste cada año
En la misma línea se postula el presidente de la agrupación de empresarios y entidades deportivas de las playas de Castelló (Adepla), Alexis de Pablo, quien cree que «llueve sobre mojado» y no es algo casual, ya que «ocurre todos los veranos», por lo que «nadie puede decir que le pilla por sorpresa». Por ese motivo, reitera la necesidad de actuar «con un mayor control y planificación» y tomar las medidas oportunas con toda la previsión posible para minimizar la eclosión de los huevos, más en una zona con tanta marjal y acequias como es la capital de la Plana. «Que un turista se vaya con la pierna llena de picaduras no es el mejor souvenir», remarca de Pablo.
Y es que desde el sector recalcan la importancia de la cuidar la apariencia que pueden transmitir si no se mitiga esta plaga de mosquitos, con la que muchos establecimientos se han reencontrado y tienen que lidiar en su reapertura, por si las restricciones derivadas del coronavirus no fueran pocas. «La imagen que demos hoy es la que recogeremos mañana, por lo que hay que mantener la reputación del destino», subraya Francisco Ribera, presidente de la agrupación de empresarios turísticos de Peñíscola (Agretur), quien anuncia que elevará una carta a la Diputación para pedir fumigaciones aéreas, porque es el método más «rápido y eficaz» para combatir estos insectos.
Remedio a largo plazo
Otro punto que subrayan es que hacen falta soluciones que sean «permanentes» en el tiempo. «No vale con una fumigación puntual, necesitamos tratamientos que permitan erradicar la plaga, es imprescindible», comenta el portavoz del colectivo de Benicàssim, José Antonio Casañ. Su homólogo en Orpesa, Adrián Fabregat, agradece el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento, pero es «insuficiente»: es necesario apoyo supramunicipal. «Cada local tenemos que hacer la guerra por nuestra cuenta. Yo tengo que contratar un servicio externo de fumigación, si no sería imposible estar en la terraza», sentencia.
Declaración institucional
Mientras, la Diputación propondrá este jueves en la junta de portavoces que todos los partidos representados en la institución consensúen una declaración institucional para su aprobación en el pleno que inste a las administraciones --ayuntamientos, Diputación y Consell-- a trabajar de manera conjunta para reducir a la mínima expresión las molestias de los mosquitos. «Todos debemos colaborar para transmitir una buena imagen de la provincia», destaca la diputada de Medio Natural, María Jiménez.
Jiménez destaca que los técnicos de la Diputación, la dirección técnica del Plan Provincial Contra los Mosquitos y los técnicos de los ayuntamientos permanecen en contacto permanente para que las acciones que se desarrollan contra estos insectos tengan la mayor eficacia posible. También ha recordado que «siempre se actúa siguiendo criterios técnicos», que «el plan se mantiene activo los doce meses del año» y que la inversión en este 2020 es de un millón de euros. Esta partida «se destina a la realización de tratamientos de choque en las zonas húmedas no urbanas y a la elaboración de informes de situación que periódicamente se entregan a los consistorios indicando las pautas que deben seguir en las zonas urbanas de sus términos municipales», recalca.
La propuesta de declaración institucional también incluye la necesidad de que la Generalitat apoye y refuerce las distintas actuaciones que de forma coordinada vienen desarrollando la la Diputación y los ayuntamientos.
