El encuentro celebrado ayer en la sede de Puertos del Estado entre los sindicatos representantes de los estibadores y la patronal vivirá hoy un segundo episodio después de que no se llegara a un acuerdo sobre las normas que regulen la actividad en este sector a nivel nacional. De este modo, continúa la convocatoria de huelga prevista para el próximo día 25, a la que se sumarían los trabajadores en PortCastelló.
A esta negociación se refirió ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo. «La paz social es fundamental para construir. Todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España para dar un ámbito legal a los estibadores, ahora les toca hacerlo a ellos a ellos, sindicatos y patronal. Tienen que valorar que la paz social es esencial. Si necesitan más tiempo lo damos, porque la huelga no beneficia a nadie», manifestó Toledo.
De este modo, no dio resultado un encuentro que tuvo a ambas partes reunidas durante varias horas. Hoy jueves, a partir de las 11.00 horas, se volverá a repetir la cita en el mismo escenario.
La Coordinadora, principal sindicato de estibadores, tiene convocada una jornada de huelga para el próximo día 25 y paros parciales para el resto de la semana, entre los días 26 y 30, para reclamar que convenios colectivos de los puertos se adapten antes de fin de año a la nueva normativa derivada de la reforma del sector aprobada en el año 2017.
limbo // El sindicato asegura que, en caso de que no se adapten antes de la conclusión del 2019, los convenios pasarán a ser nulos y «la profesión de la estiba quedará en un limbo legal sin ninguna garantía para los trabajadores».
El colectivo llama así de nuevo a parar en los puertos dos años después de las movilizaciones que llevaron a cabo en la primera mitad del 2017, cuando el Gobierno emprendió la reforma del sector para liberalizarlo, adecuarlo a la legislación europea y sortear una multa de la UE.
La Coordinadora achaca la dificultad de alcanzar un acuerdo al respecto a «la falta de voluntad negociadora» de la patronal.
Esta reforma se completó definitivamente el pasado mes de abril, cuando el actual Gobierno en funciones logró convalidar en la Diputación Permanente del Congreso el Real Decreto Ley que desarrolla normativamente la reconversión aprobada en 2017.
