Medio centenar de jueces, magistrados y fiscales se han concentrado este jueves en la Ciudad de la Justicia de Castellón para reclamar más independencia institucional, más medios personales y materiales, la modernización del sistema judicial y la mejora de las condiciones profesionales, entre otras peticiones.
Los juristas valencianos se han sumado a las concentraciones convocadas en toda España para dar reivindicar una serie de mejoras al Ministerio de Justicia, como son la recuperación de poder adquisitivo y la despolitización judicial, dentro de un calendario protestas que se prolongará durante las próximas semanas.
La convocatoria ha estado apoyada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, el juez decano, José Luis Conde Pumpido y el fiscal jefe provincial, José Luis Cuesta, han asistido al acto, en el que se ha leído el manifiesto con sus exigencias para aumentar la calidad y eficacia del sistema judicial.
Para reforzar la "independencia judicial", han reclamado un proyecto o proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que refuerce la independencia judicial y que garantice la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por jueces y magistrados.
Asimismo, han exigido la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ ya que "coartan" el ejercicio de función judicial y "vacían ciertas competencias" del CGJP.
Reclaman también una objetivación en el nombramiento de altos cargos judiciales, con perfiles previamente definidos y mediante un proceso transparente, y la supresión de los magistrados designados por Parlamentos autonómicos.
En relación a la modernización, exigen un plan de inversión en medios personales y materiales, el incremento de las plantas judicial y fiscal, convocando al menos 300 plazas en cada una de ellas para equipararlas a la media europea.
Para mejorar sus condiciones profesionales, han demandado la convocatoria de la Mesa de Retribuciones para recuperar el nivel salarial perdido en 2010, medidas de conciliación, y la implantación de las cargas máximas de trabajo.
El juez decano, Pedro Viguer, ha expresado que "no existe voluntad política para mejorar una Justicia que no les interesa, porque no da votos", y ha citado un "claro ejemplo: la fallida Subcomisión del Congreso de los Diputados para un Pacto de Estado por la Justicia".
Ha mostrado la necesidad de reforzar la "independencia institucional", puesto que "carecemos de capacidad de autogestión y somos económicamente dependientes, lo que implica otra forma de condicionar la eficacia judicial".
Ha apelado a la "despolitización del CGPJ" conforme a las recomendaciones del Consejo de Europa o del Grupo de Estados para la Corrupción (GRECO).
Sobre el Ministerio Fiscal, se pide la derogación del sistema de plazos máximos, la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de programas y equipos, y la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado.
Piden además, la paralización de los términos de investigación de la jurisdicción penal, puesto que el Ministerio "no está encargado en primera persona de la investigación y por lo tanto no puede estar encabezando el control de líneas de investigación que corresponden al Juzgado de Instrucción", según la fiscal Adoración Cano.
