Los jueces valencianos podrán aplazar desahucios durante un plazo de dos años a personas en riesgo de exclusión para evitar que se queden en la calle. En este tiempo, podrán ponerse en contacto con la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para encontrar una solución.

El Consell y los ayuntamientos pondrán a disposición de los jueces toda la información sobre los recursos públicos existentes para evitar que las personas inmersas en un proceso judicial por impago de su vivienda puedan quedarse en la calle. La iniciativa es fruto del convenio de colaboración firmado ayer en Valencia entre el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; el president, Ximo Puig; y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro. Al acto asistieron también, entre otros, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva; y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Bravo explicó que el objetivo del convenio es «la colaboración interinstitucional para evitar desahucios». Cuando una persona en situación de exclusión se vea en un procedimiento judicial y pendiente de un lanzamiento por impago de la hipoteca o el alquiler, el juez podrá comunicarlo a las entidades locales o servicios sociales de la Generalitat, y ponerse en contacto con la Conselleria de Vivienda para evitar que se quede en la calle.

CONTROL // “Tenemos que establecer mecanismos de control de situaciones de riesgo para que no haya ningún valenciano, que, como consecuencia de un procedimiento judicial, pudiera no solo perder la vivienda, sino incluso encontrarse sin un techo”, manifestó. Y señaló que, a través de este convenio, la Administración se compromete a poner a dar a los jueces toda la información necesaria en materia de red asistencial, tanto respecto a los servicios sociales como a los pisos que tenga a su disposición y los entes que los gestionan.

DESAHUCIADOS, NO ‘SINTECHO’ // “No podemos tolerar que haya un ciudadano en situación de exclusión social y es importante facilitar todos estos medios a los órganos judiciales para evitar ver personas que no pueden pasar una noche bajo un techo”, concluyó la consellera. H