A puerta cerrada, con mascarillas y en una sala con un aforo limitado a 18 personas. Así arrancó este martes la vista celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón en la que tres personas se sentaron en el banquillo de los acusados. La Fiscalía imputa dos delitos de trata; uno de menores con finalidad de prostitución, por el que pide 12 años y otro de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, de ocho, además de un delito de blanqueo de capitales por el que piden un año de prisión y multa de 145.000 euros. Está previsto que la vista continúe este miércoles.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía, los acusados, puestos de común acuerdo y actuando de forma conjunta y con ánimo de obtener un beneficio ilícito, como mínimo desde el 2015, se dedicaron a captar mujeres de Nigeria aprovechándose de su necesidad económica las ofrecían trabajo en España con la promesa de obtener suculentas ganancias para mejorar la situación de sus familias en el país de origen. Una vez aceptada la oferta, los acusados, en connivencia con otros no identificados, se encargaban de realizar todas las gestiones de obtención de pasaportes y visados de turista.

Una vez obtenida la documentación se les daban los billetes de avión para emprender un viaje que finalizaba en Castelló, donde los acusados presuntamente informaban a las mujeres que habían adquirido una deuda en concepto de transporte, forzándoles a ejercer la prostitución en el Caminàs para obtener dinero suficiente para cancelar la deuda doblegando su voluntad haciendo uso presuntamente de la violencia, amenazando a las familias en el país de origen o recurriendo a rituales vudú. Cada uno de los acusados supuestamente tenía una misión. Una se encargaba de la organización de su llegada a Castelló, gestionando los traslados desde la estación a los inmuebles donde se alojaban. Los beneficios obtenidos del ejercicio de la actividad eran introducidos en el mercado financiero para ocultar su origen, para recuperarlos a través de operaciones comerciales, como compraventa de electrodomésticos de segunda mano o envío de moneda al extranjero dándole apariencia de legalidad.

Según el escrito provisional de Fiscalía, cada persona tenía una función asignada. Una de ellas gestionaba los traslados desde la estación de Castelló a los inmuebles donde se alojaban. Despojadas de pasaporte, billetes de avión y dinero, supuestamente se les impedía salir del piso y se les controlaba el dinero recaudado en el ejercicio de la prostitución. Las víctimas eran informadas de dónde tenían que ejercerla y al final de la jornada se les retiraba el dinero obtenido, además, eran controladas en la zona del Caminàs para asegurarse de que cumplían los servicios, horarios y precios.