La Dirección Territorial de Justicia de Castellón admite que hay una importante acumulación de expedientes de justicia gratuita en la Casa dels Caragols y reconoce que existe déficit de personal para gestionarlos, después de que el sindicato CSIF denunciara ayer que miles de casos están «amontonados» en las sillas y el suelo de la sede del Consell en la capital, como publicó este diario.
El director territorial Roberto Álvaro anunció, en declaraciones al diario Mediterráneo, que está prevista la ampliación en breve de la plantilla con dos trabajadores más --actualmente hay tres-- para combatir la carga de trabajo del servicio de justicia gratuita.
«Solo durante el año 2018 se tramitaron en la provincia 10.600 casos, 2.000 más que durante el 2017», aseguró Álvaro, quien desmintió que este colapso derive en una violación de los datos de los beneficiarios del turno de oficio, como señaló CSIF en un comunicado oficial.
«Los expedientes judiciales están concentrados en la oficina correspondiente y no existe ninguna violación. Lo que ocurre es que los documentos no están digitalizados y nos llegan en papel desde el Colegio de Abogados, por lo que se acumulan dado el elevado número de asuntos que existen», aseveró el representante de la Conselleria que dirige Gabriela Bravo. Álvaro incidió, sin embargo, en que el día 24 de este mes hay prevista una reunión en la que se acordará la informatización de los expedientes y su inclusión en la carpeta ciudadana.
La tramitación del servicio de justicia gratuita tiene un carácter mixto y lo llevan a cabo el Colegio de Abogados, que hace la designación provisional, y la Conselleria, que paga los gastos.
La organización sindical critica, a este respecto, la falta de mobiliario para el almacenaje de los expedientes en la Casa dels Caragols, así como también la de personal. Para CSIF, los documentos están apilados en cualquier lugar, «sin cumplir con las medidas de custodia, archivo y confidencialidad», y se encuentran repartidos «por encima y debajo de las sillas, mesas, por los rincones y sobre las fotocopiadoras».
Desde el sindicato tildan la situación de «escandalosa», puesto que es documentación relativa a procedimientos judiciales y, por tanto, información sensible, perteneciente a ciudadanos de origen extranjero que están sin recursos y, muchos de ellos, sobre casos de violencia de género.
«A la falta de inversión en equipos informáticos hay que sumar graves carencias de personal que hacen la distancia entre Castellón y València sea enorme en esta materia», sostienen fuentes sindicales, que ponen en valor el sobreesfuerzo de los trabajadores para sacar los casos adelante.
