La red de oficinas de ayuda a las víctimas del delito (OAVD) atendió en su primer año de funcionamiento en la provincia de Castellón a un total de 2.994 usuarias. De ellas, 1.487 fueron víctimas de violencia, lo que supone cerca del 50%.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció ayer que a lo largo de este 2019 culminará el despliegue de este entramado de asistencia hasta llegar a los 37 centros de atención a las víctimas y dar apoyo en los 36 partidos judiciales.
«Independientemente del lugar de residencia, todos los valencianos tendrán acceso a los mismos recursos públicos y más en una situación tan delicada y desagradable como la que se produce después de haber sufrido un delito», señaló Bravo, que añadió que con respecto a 2017, ha aumentado en un 48,6% las víctimas atendidas, hasta llegar a 21.304.
A diferencia del sistema anterior, que solo contaba con 22 letrados, la actual dispone de especialistas en Psicología y trabajadores sociales. El objetivo es abordar todas las necesidades de los usuarios desde un mismo espacio. Este equipo multidisciplinar está compuesto por 72 personas, pero está previsto que en este 2019 se amplíe a 128. Asimismo, el Consell iniciará una campaña para dar a conocer el servicio en medios de transporte.
