Detrás de cada una de las cifras relacionadas con la dependencia hay una historia triste. Este sábado se cumplen 13 años de la aprobación de la Ley de la Dependencia, más de una década en la que se ha avanzado en derechos, pero de manera insuficiente teniendo en cuenta los datos. La provincia de Castellón cuenta, actualmente, con 10.145 personas beneficiarias, pero la lista de espera no para de crecer y ya hay más de 3.000 castellonenses pendientes de una resolución por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. «Este año han aumentado las personas beneficiarias, en un 16,7%, pero también lo ha hecho la lista de espera en un 29,13%, por lo que, mientras esta progresión no se invierta, el miedo a que el sistema pueda llegar a colapsar es evidente», señala Carmen Santamaría de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castellón.

Ayer mismo desde CCOO tildaron de «alarmante» la demora a nivel de la Comunitat Valenciana, a pesar de que se ha reducido a la mitad en los últimos cuatro años hasta situarse en 27.364 personas. Desde el departamento de Mónica Oltra han insistido en diversas ocasiones que se están incrementando los recursos para resolver la situación y defienden que el número de personas beneficiarias se ha multiplicado. Y es que cada vez hay más solicitudes de ahí que la lista de espera no vaya en descenso.

«El problema de la demora se está enquistando. Ha habido avances, se han dado pasos pero son totalmente insuficientes, faltan recursos», explica Santamaría, quien advierte del «tapón» que existe en la Conselleria a la hora de resolver los expedientes, una vez los servicios sociales municipales han realizado las valoraciones. Es competencia del departamento de Mónica Oltra decidir, de acuerdo al informe pertinente, qué tipo de ayuda recibe cada uno de los solicitantes. La propia consellera aventuró en diversas ocasiones que, a finales de la pasada legislatura, la larga lista de espera estaría resuelta y los plazos serían los estipulados por ley, pero a día de hoy la realidad es otra muy distinta.

El hecho de que los ayuntamientos asumieran estas competencias ha permitido agilizar los trámites a la hora de las valoraciones, pero hay casos en los que las esperas siguen alargándose más de un año, cuando el límite legal se estipula en seis meses.

Problemáticas

Los problemas que afectan a la dependencia son varios y la solución definitiva se antoja complicada por el funcionamiento y estructura del propio sistema que dista de ser «eficiente». La lentitud de la burocracia es uno de los principales inconvenientes. Otra de las cuestiones está en la insuficiente financiación, a pesar de que en los últimos años la partida presupuestaria del Consell ha ido en aumento. A esta circunstancia se añade el hecho de que el Gobierno central tampoco esté aportando la cuantía necesaria para garantizar una prestación correcta.

La falta de recursos, es decir, de centros y residencias para dependientes agrava el problema. La mayoría de las ayudas que se dan son para cuidados en el entorno familiar, es decir, económicas, ya que los recursos de los que se disponen son insuficientes. «Lanzamos al Gobierno del Botànic la propuesta de crear un Plan Edificant, como el de los colegios, para la construcción de centros», explicaron desde la plataforma.