El exsubdelegado del Gobierno socialista en Castellón entre los años 2007 y 2011 y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Castelló (dimitió en febrero al conocerse su investigación policial), Antonio Lorenzo, mantuvo ayer su «honorabilidad» y dijo sentirse «defraudado» por funcionarios de la Subdelegación en su declaración como investigado (antes imputado) por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 que analiza la trama de facturas falsas y pitufeo destapada por una trabajadora de la institución hace un año y medio.

ROMPE SU SILENCIO // Lorenzo ofreció por primera vez su versión de los hechos --en comisaría se acogió a su derecho a no declarar--. «He trasladado al juez las respuestas en relación a distintos aspectos de la gestión económica de la Subdelegación y he contestado sobre aquellas cosas de las que me acordaba porque hace tiempo que estos hechos ocurrieron. Tenía en aquella época una agenda muy intensa y he contado las cosas que recordaba para poder contribuir a su esclarecimiento», explicó a los medios tras una declaración ante el juez, el fiscal y los abogados que se prolongó durante más de una hora y media.

«Nunca, nunca, nunca, ni en la Subdelegación, ni antes, ni después, ni en mi vida pública ni privada, he insinuado, he sugerido y, desde luego, no he dado instrucciones para que se indique en una factura aquello que no es lo que realmente representa», aseguró de manera contundente a su salida del juzgado. Y es que diversos empresarios de la trama (hay más de 30 investigados) han declarado que recibían instrucciones sobre los conceptos que debían facturar a la institución, aunque no se correspondieran con los reales.

«En mi vida me he prevalido de mi cargo para obtener ningún beneficio, ni para mí ni para mi familia. Desde el primer botón, hasta la última prenda me la he pagado yo», justificó Lorenzo en relación a la investigación de gastos de vestuario y de comidas que la Intervención de Hacienda reprobó a la Subdelegación y calificó de «desproporcionados».

INVESTIGACIÓN / Durante la etapa de Lorenzo al frente de la institución, la Policía Nacional llegó a detectar gastos de 50.000 euros al año en restaurantes y facturas presuntamente irregulares en las que aparecían como comensales personas que niegan haber asistido. «Me siento totalmente defraudado por algún funcionario en el que yo confiaba. Traicionó esa confianza en mi época y en otras y actuó de una forma que no es, en absoluto, aceptable en un servidor público», afirmó el exsubdelegado, trasladando al habilitado de gastos suspendido de empleo --Vicente G.M.-- la responsabilidad de lo ocurrido.