La modificación de cuatro ordenanzas fiscales aprobadas por el pleno de la semana pasada, sigue coleando en el plano político del Ayuntamiento de Castellón, hasta el punto de que ayer, a través de un comunicado, defendió los cambios que se aplicarán en 2018 la alcaldesa, Amparo Marco, argumentando que "supondrán un ahorro de 6,9 millones de euros" a los vecinos de la ciudad.

La reforma fiscal salió adelante con el respaldo sin fisuras del Pacte del Grau, el apoyo de Ciudadanos al impuesto de construcciones y de vehículos, y la abstención en IBI y basuras; y con el PP sin ningún voto a favor. Los populares se abstuvieron en los impuestos de construcciones y de vehículos, y votaron en contra del IBI y de la tasa de basuras.

Ya en el salón de plenos, y durante esta semana, desde el grupo municipal popular se ha denunciado que el Ayuntamiento recaudaría un millón de euros más y que, según «la Intervención Municipal la presión fiscal ha subido desde el 2014 en 42 euros por persona, llegando hasta los 720 euros que de media paga cada castellonense», en palabras del concejal Carlos Feliu.

Marco replicó que la segunda reforma fiscal impulsada por el bipartito «romperá la escalada de la presión fiscal propiciada por los anteriores gobiernos de la derecha». «El objetivo del gobierno municipal es mejorar la gestión de los servicios públicos y generar nuevas oportunidades de bienestar, pero sin que eso suponga una mayor carga sobre los contribuyentes». «El control del gasto público y la austeridad permiten que podamos hacer más con menos», afirmó Marco.

«Si el pleno no hubiera cambiado las ordenanzas fiscales, los contribuyentes de Castellón hubieran pagado casi 7 millones más de euros en el IBI. Las medidas adoptadas por este gobierno permitirán que ese dinero se quede en las economías domésticas, que podrán dedicarlo a mejorar su día a día y tener más bienestar personal», recalcó. Además, reiteró que la modificación ha supuesto un reparto más equitativo de las cargas fiscales, dentro de los márgenes que permite la restrictiva legislación estatal.