La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, dio ayer un paso más para esclarecer «la presunta vinculación del Ayuntamiento con el caso Púnica durante los mandatos del PP con los alcaldes Alfonso Bataller (2011-2015) y Alberto Fabra (2005-2011)» y ordenó una investigación sobre los eventuales pagos a la trama durante 10 años, en el que «podría estar implicado también el entonces vicealcalde y ahora concejal y presidente de la Diputación, Javier Moliner, así como el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián», edil de Hacienda con Bataller. Marco tomo ayer esta decisión después de que hayan salido a la luz las conversaciones grabadas por la Unidad de Control Operativo (UCO) de la Guardia Civil que revelan posibles contrataciones con las empresas de la trama corrupta para sufragar con dinero público campañas de mejora de la reputación de los dos exalcaldes.

Marco convocó a los técnicos municipales de las áreas de Secretaría, Intervención, Gestión Presupuestaria y Asesoría Jurídica, a fin de encomendarles la fiscalización de la facturación a las empresas publicitarias en el periodo 2005-15, con gobiernos del PP.

Las revelaciones informativas apuntan a un supuesto uso inadecuado de fondos municipales para la promoción electoral de los dirigentes populares.

«El Ayuntamiento de Castellón no puede estar bajo la sombra de la sospecha», aseguró la alcaldesa. «Este gobierno municipal ha implantado una política de transparencia absoluta y ahora la ciudadanía puede saber dónde se gasta hasta el último céntimo, pero durante los mandatos anteriores no ocurría lo mismo y debemos aclarar las informaciones que están poniendo en cuestión la imagen pública del Ayuntamiento y de la ciudad», manifestó.

Además, como ya lo hiciera a principios de semana en rueda de prensa, instó ayer de nuevo a los concejales del PP a «actuar con responsabilidad» y «explicar a la ciudadanía cuál es su verdadera implicación con las empresas del caso Púnica, porque las concejalas y los concejales debemos ofrecer una imagen de ejemplaridad y honestidad». «En momentos como estos en los que se pone en cuestión la política, es cuando hay que hacer más esfuerzos por la transparencia y por la rendición de cuentas ante la ciudadanía», reiteró la munícipe.

«EL PP suspendió el pago» // Desde el PP explicaron que están «indefensos» ya que, dicen, «ni siquiera tenemos el informe de la UCO». Además, recuerdan que en el pleno de octubre del 2014, el mismo Pérez Macián ya dio las explicaciones oportunas sobre la vinculación con la empresa Madiva y que «visto el alcance de la investigación, se suspendió el pago de los servicios contratados».