Los ayuntamientos y la Diputación «estamos muy sensibilizados y dispuestos a arrimar el hombro» en la tarea de reconstrucción económica y social que vendrá tras superar la pandemia. Pero, para ello, las administraciones deben disponer de los «máximos recursos», por lo que el presidente de la institución provincial, José Martí, insiste en que se liberen los remanentes secuestrados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una tarea para la que es clave la mediación del president, Ximo Puig, frente al Gobierno central.
«Se da la paradoja de que tenemos dinero que se podría utilizar en beneficio de las personas y las corsés legales y administrativos nos lo impiden. En nuestro caso, en las arcas de la Diputación hay 43 millones de euros y no nos dejan gastarlos. Es algo que en una situación tan extrema como esta no tiene sentido», manifestó Martí.
«En consecuencia, vamos a seguir pidiendo que el Gobierno de España dé una moratoria de dos años en los efectos de los planes económicos y financieros y que inicie los pasos para rebocar la Ley de Estabilidad Prespuestaria y la Regla de Gasto que nos dejaron los Gobiernos de Rajoy y Montero. Y le pedimos al president Puig que nos ayude a conseguirlo», finalizó.
