La Fiscalía Provincial de Castellón ya tiene en su poder el informe que encargó al cuerpo de Intervención de la Generalitat sobre las supuestas facturas irregulares del Hospital Provincial, que ascenderían a unos 33 millones de euros. Así lo confirma a este diario el fiscal jefe, José Luis Cuesta, tras personarse el miércoles en la Ciudad de la Justicia un inspector que entregó la documentación en papel a la fiscal encargada del caso, del área de delitos económicos. Cuesta ha explicado que la representante del Ministerio Público tiene seis meses de plazo para analizar el informe técnico y decidir si aprecia un posible delito o no.
CON LOS TRABAJADORES / Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, se reunió ayer con una representación de los sindicatos del Provincial para analizar la situación del centro, tras los despidos. Moliner criticó el «ataque de Montón» a un hospital de referencia y los empleados le trasladaron su preocupación ante «la merma en los servicios como consecuencia del intento de desmantelamiento del centro que está llevando a cabo la Conselleria». Los sindicatos denunciaron, ante Moliner, que la reorganización del centro está acotando los recursos asistenciales en diferentes especialidades.
Moliner, junto a la diputada Nieves Martínez, trasladó a los empleados su «máxima sensibilidad» por una situación que «salpica a la asistencia sanitaria».
