El hecho de que los municipios y Acuamed hayan desbloqueado el acuerdo para activar al fin las desaladoras de Orpesa y Moncofa no significa que las negociaciones hayan finalizado, ya que hay un aspecto muy importante que falta por dilucidar: quién asume los pagos de amortización de las plantas, de los que los ayuntamientos afectados quieren huir por considerarlos inasumibles.

Una incógnita que, por ahora, no resuelve el convenio transitorio que ambas partes han impulsado para poner en marcha las dos plantas, ya que la cuestión se ha postergado hasta la firma del acuerdo definitivo. De momento, los municipios se agarran al precedente de Cataluña, donde este coste fue asumido en su momento por el Gobierno central.

COSTE ELEVADO // No es una cuestión menor, ya que los ayuntamientos tendrían que afrontar pagos muy importantes por este concepto. Por ejemplo, en el caso de Moncofa, 28 millones de euros a pagar en 25 años, y Xilxes 11. Benicàssim, por su parte, estaría obligada a abonar 800.000 euros anuales en ese mismo plazo.

«Supone el pago de más de un millón de euros al año. Eso es inasumible para el Ayuntamiento», denuncia a este diario el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós.

El responsable del área de Urbanismo de Orpesa, Tomás Fabregat, advierte por su parte de que «el tema de la amortización es del que nadie quiere hablar en esta negociación» y van «a ver cómo acaba, porque es importante».

Susana Marqués, alcaldesa de Benicàssim, defiende que no van «a renunciar a este derecho». «Entendemos que es un bien de interés básico, prioritario, de uso común; y al igual que pasó en su momento en Cataluña durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se hizo cargo de la amortización, nosotros también queremos la misma solución», puntualiza Marqués.

Los ayuntamientos no están solos en esta reivindicación, ya que el pasado mes de septiembre, la Diputación aprobó una declaración institucional en la que se solicitaba precisamente esto. La propuesta tuvo el apoyo de todos los grupos presentes en la corporación provincial. El texto denunciaba que las previsiones contempladas en su momento por el Gobierno central eran «ficticias».

respuesta a compromís // Sin embargo, hasta el momento, la disposición de Acuamed no invita al optimismo. En una respuesta a los representantes de Compromís en el Senado el pasado mes de julio, desde la sociedad estatal explicaron que ofrecerían una moratoria de tres años --en el convenio transitorio se amplía a cinco-- durante la que los municipios solo pagarían gastos de funcionamiento; pero pasado ese plazo deberían hacer igualmente frente a la amortización.