Cruce de acusaciones entre el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Castellón, Enric Nomdedéu, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un día después de que el colectivo criticara que la política municipal antidesahucios “no está funcionando” y mostrara su enfado por la anulación de una reunión entre la PAH y la edila del área, que tutela su compañera de filas en Compromís Ali Brancal, Nomdedéu afeó a la PAH que “se reincorporen a la manera legal de hacer las cosas”, aludiendo a la ocupación de un inmueble de propiedad privada en la avenida Gran Vía: “Si alguien monta un circuito en paralelo para hacer ocupaciones, se dificulta la negociación con bancos y empresas para prevenir los desahucios”.

El de Compromís lanzó varias réplicas --algunas directas y otras indirectas-- a los representantes de la PAH en Castellón. “A la PAH y a sus embajadores en esta casa, les pido que traigan a las familias implicadas a Servicios Sociales en el Ayuntamiento”, indicó.

Nomdedéu quiso dejar muy claro que el equipo de gobierno “no puede intervenir en una cuestión ilegal” como la ocupación de inmuebles. “No son de bancos, sino de una empresa privada”, dijo.

Para ilustrar el compromiso del bipartito con la problemática, el de Compromís detalló que, en estos momentos, existen 183 viviendas municipales --9 alquiladas-- ocupadas por familias sin recursos económicos, a las que se añaden “dos” que han firmado “esta misma semana”. Un recurso al que podrían acogerse los okupas de Gran Vía, aunque Nomdedéu dejó claro que no premiarán “a quien se sale del circuito legal; las viviendas municipales se conceden a partir de baremos técnicos y criterios de necesidad”.

ZONA VERDE // El nacionalista también se refirió al cambio de condiciones para obtener tarjetas para aparcar en zona azul --lo que se denomina zona verde--, ya que el contrato con la empresa encargada de este servicio establece 2.200 tarjetas para las 700 plazas existentes “y el anterior equipo de gobierno entregó 5.183”.

“La empresa --con la que el Ayuntamiento firmó un contrato hasta 2022-- se siente perjudicada por este motivo y nos pide 160.000 €”, explicó, e indicó, sin embargo, que la firma gestora “tiene buena predisposición” para el diálogo. Según su criterio, la introducción de la zona azul de aparcamiento en la capital de la Plana “no ha funcionado nunca”, ya que “se suponía que tenía que generar rotación, pero solo servía para recaudar fondos”. H