Los obispados de Segorbe-Castellón y Tortosa exigen ya a todos los sacerdotes, religiosos y voluntarios que trabajen con menores que aporten el certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales. La medida se aplica en cumplimiento de la ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y la ley 45/2015 de voluntariado para trabajar con menores. Así, a quienes tienen contacto habitual con niños se les exige acreditar no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. La medida afecta a todas las personas que están en relación con menores, catequistas, monitores, guías scouts, animadores, profesores, sacerdotes... según el obispado de Segorbe-Castellón.

REGISTRO // El Consejo de Ministros dio luz verde en diciembre al registro central de delincuentes sexuales, al que deben acudir todas aquellas personas que trabajan o realizan labores de voluntariado con menores para acreditar ante su empleador que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares, que entró en vigor el 1 de marzo. Mientras que el obispado de Lleida anunció la semana pasada que había ordenado que voluntarios y personal aportasen el certificado y da de plazo hasta septiembre, en la provincia se comenzó a pedir hace unos meses. No obstante, no han podido precisar hasta cuándo hay plazo para presentarlos ni si ya todos los interesados lo han hecho. En la diócesis de Tortosa, que dirige las parroquias del norte de la provincia, “se está haciendo según los plazos”, aunque se ha priorizado al colegio diocesano, que ya tiene los certificados.

La medida se está aplicando también a los 8.000 profesores que ejercen en el sistema educativo. Así, según Conselleria, los directores de los centros están registrando las declaraciones presentadas por los docentes de sus centros (tanto funcionarios como interinos) que estuvieran en la plaza antes del 1 de marzo. Mientras, los interinos que han accedido al puesto tienen que presentar esta declaración desde el 1 de marzo. También se ha exigido a todos los facultativos que se incorporen a la sanidad valenciana que ejercen con menores.

AYUNTAMIENTOS // Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón solicitó ya en su momento a los celadores de instalaciones educativas que firmaran la autorización para que, desde el departamento de personal, pudieran acceder a los datos de cada uno dentro del registro central. Esto ya está hecho. Pero, además, se les va a solicitar en breve lo mismo a los celadores de instalaciones deportivas. Asimismo, en Vila-real también se está trabajando en la elaboración de dicho protocolo. H