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reivindicación del colegio de abogados ante la problemática en la provincia

La ‘okupación’ crece en Castellón y los abogados piden agilidad legal

Las viviendas usurpadas se incrementan en un 28% y los servicios de ‘desokupación’ se duplican

 

Viviendas 'okupadas' en Almassora, según l'Associació de Veïns Barri Botànic de la localidad. - MEDITERRÁNEO

PALOMA AGUILAR 15/09/2020

Castellón no escapa a la okupación y cada vez son más las viviendas de propietarios particulares o de bancos afectadas por esta situación en la provincia, que no es ajena a la problemática que, a nivel nacional, ha crecido un 58% en los últimos cinco años.


Así lo confirman tanto el Ministerio del Interior como el Colegio Oficial de Abogados de Castellón y empresas de desokupación que trabajan en municipios castellonenses en declaraciones al periódico Mediterráneo.


Como ya publicó este diario en agosto, durante los primeros seis meses del año –últimos datos oficiales disponibles del Gobierno central--, el número de «ocupaciones ilegales de inmuebles» se incrementó en un 28%, pasando de 36 en el mismo periodo de tiempo del 2019 a 46 de enero a junio en 2020. El incremento más importante se dio del 2016 al 2017 cuando las cifras crecieron de 58 a 78 okupaciones en la provincia.


Es por este motivo, por el que el decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, al igual que la Fiscalía, reforzó su petición de agilizar legalmente las desokupaciones y exigió al Gobierno de Madrid que se adopten «de forma más ágil las medidas cautelares que sean necesarias». «Es imprescindible un cambio normativo para impedir que las personas que viven en una casa que no es la suya puedan presentar documentos que certifiquen que es de su propiedad», prosiguió.
Para Mata, es importante que los jueces dispongan de instrumentos para adoptar esas medidas con mayor rapidez y que la solución no sea a costa de los propietarios particulares».

DELITO DE USURPACIÓN // Los abogados también han detectado ese aumento de la problemática. «A través del turno de oficio hemos notado que el delito de usurpación ha aumentado alrededor de un 20%», añadió el letrado. A este respecto, Mata explicó que es mucho más ágil la condena al delito de allanamiento de morada de vivienda habitual o segunda residencia que el de usurpación (okupación), que es cuando el piso no es la morada del propietario.


En la actualidad, según el representante de los abogados de la provincia, «nos encontramos en un periodo legislativo donde se está creando un caldo de cultivo para hacer ver que existe este problema y que los legisladores lo asuman como una necesidad que hay que resolver de forma inmediata porque cada vez afecta a un mayor número de personas.

DESALOJOS EN LA PROVINCIA

Por su parte, Salvador Palazón, propietario de Desokupa Express, destacó que las actuaciones de esta empresa en la provincia de Castellón se han duplicado en los últimos ocho meses, pasando de tres a seis servicios mensuales en localidades como Vinaròs, Benicarló o Benicàssim, «subiendo también las llamadas y actuaciones desde la finalización del confinamiento». «Normalmente se trata de servicio de desalojo en viviendas particulares y, principalmente, de segundas residencias», explica Palazón, tras concretar que la edad media de los okupas oscila entre los 25 y los 60 años. «La gente a la que prestamos el servicio de desokupación acude a nosotros porque está cansada de esperar a una vía civil que está ralentizada», dijo.


Una afirmación que corrobora la exigencia de los abogados de que la Justicia sea más ágil y rápida contra la okupación en la provincia de Castellón.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

La okupación es una de las cuestiones que preocupa a la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, debido al incremento de casos que se está produciendo.
Así, Ten destacó que en la provincia el Gobierno de España «es consciente de la problemática existente y por este motivo hemos querido acabar con los recortes en las administraciones que se habían practicado en anteriores legislaturas y que han mermado las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como en la administración de Justicia donde los expedientes se acumulaban sin poder ser resueltos debido a la falta de medios que existe».


Desde el cambio de Gobierno se ha recuperado e incrementado la tasa de reposición convocando las ofertas de empleo público para estos agentes, dijo. 

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