Las patronales --la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), la CEV de Valencia, y Coepa de Alicante, así como la autonómica Cierval-- acumulan décadas de impecable trayectoria. No solo han sido el principal altavoz para defender los intereses de los empresarios --«los que crean empleo y riqueza; y no los gobiernos», como siempre han defendido-- sino que también han sido una de las principales vías para exigir mejoras para toda la sociedad, así como infraestructuras.
Sin embargo, tras años de lucha, están al borde de la extinción. La falta de liquidez derivada por la crisis y una gestión en años de bonanza que no siempre ha sido ejemplar, además de impagos de la Generalitat en su día y otros asuntos que ahora mismo están en manos de la Justicia, las sitúan al borde de la extinción. Literalmente.
La alicantina Coepa ya está en concurso de acreedores, la castellonense CEC prepara idéntico camino para finales de noviembre y Cierval --según sus propias tesis arrastrada por estas dos--, podría verse forzada a hacerlo también en enero.
¿Es la crónica de una muerte anunciada? CEC, Coepa, CEV y Cierval se enfrentan a dos meses claves para su futuro. Esta es la radiografía de la situación.
La CEC de Castellón, preparando la quiebra
La Confederación de Empresarios de Castellón afronta a una situación delicadísima que hizo que este verano estallara por los aires toda la organización por discrepancias internas con la dirección sobre cómo se estaban planteando las soluciones para salir del bache. Por el medio caía José Roca, el empresario de la construcción constante y tenaz que, con sosiego y determinación, había regido el destino de la entidad desde hacía más de tres décadas. Las presiones internas y desde Valencia derivaron en una dimisión en bloque de toda la cúpula directiva que terminó por forzar la marcha de Roca.
Los siguientes pasos han sido crear una gestora cuya presidencia en funciones ocupa el presidente de la agraria Fepac, Néstor Pascual, mientras que la secretaría ha caído en manos de Ascer, representada por su técnico en Asuntos Laborales, Germán Belbis. No podía ser de otra manera después de que la patronal azulejera fuera la primera en dar la voz de alarma ante el agujero que se intuía en las cuentas de la CEC, tras lo que dimitía su representante de la vicepresidencia.
A partir de ahí, la mayoría de los miembros de la organización abogan por continuar peleando, en lugar de dejarla caer y liquidarla. De ahí que insten al pago de las cuotas que todas las sectoriales adeudan a la entidad.
El objetivo es reunir los 126.000 euros que harían falta para cubrir los gastos previstos hasta final de año, pagar atrasos salariales, ponerse al día en la Seguridad Social o despedir a parte de la plantilla, para dejarla solo en tres --esta semana salían dos más--. Si se reúne ese dinero, el siguiente paso sería solicitar un concurso de acreedores -a finales de noviembre-, con la deuda mínima, para, de forma controlada, trabajar por reflotarla. Aun así, no se sabe a ciencia cierta cuál es el agujero a día de hoy, ya que todavía no se conoce la auditoría interna que se ha encargado.
Y no es el único problema. El juez investiga el correcto uso de 1,2 millones de fondos de cursos de formación, que habrían tenido otro destino, y que han terminado con el exsecretario de la CEC investigado, además de adeudarse 700.000 euros a Cierval.
El problema de Coepa, ¿en liquidación?
La patronal de Alicante es la avanzadilla de los problemas. Está en concurso de acreedores y adeuda 4,5 millones de euros: 700.000 euros en cuotas a Cierval y el resto por la construcción de su sede y centro de prevención de riesgos laborales. Aun así, la Generalitat, que prestó el crédito a Coepa, ha denunciado por fraude a la excúpula de la entidad, ya que teme un uso fraudulento de fondos, que se habrían contabilizado dos veces. El día 11 es la junta de acreedores. De momento, el plan de viabilidad es bien visto por el juez, pero pide una quita del 95% de la deuda, que debería asumir Cierval, y que se vería arrastrada. Si su plan no sale, se liquidaría la organización. Si sale, la CEC tomará buena nota y pedirá el mismo trato, generando un nuevo problema a la autonómica. La decisión final de esta se conocerá el día 9 de noviembre.
La CEV valenciana, la única saneada
La CEV es la única con las cuentas saneadas. La entidad ya hace años que decidió restar el peso de los fondos públicos que recibían de la Administración para no depender de una caja única que, además, con la crisis, acumuló años de impagos y demoras, con lo que ello implicó de solicitud de préstamos para sobrevivir. Esta posición de ventaja es la que llevó en su día al presidente Salvador Navarro hacer piña con el de Cierval, José Vicente González, para absorber las territoriales y centralizar todo el poder en la autonómica, algo a lo que se niegan en rotundo Castellón y Alicante. Sin embargo, la situación económica de las tres es tan dramática que, esta misma semana, CEV cambiaba de opinión, aconsejada por informes técnicos. Integrarse en la Cierval como una sola organización podría significar, en la práctica, tener que pagar las deudas de todas las restantes. De ahí que vaya a volar en solitario de momento.
La autonómica Cierval, ya también en números rojos
La patronal Cierval se fundó en el año 1981 por la CEC, la CEV y Coepa para defender los intereses comunes ante la Administración autonómica. Por ella misma no tiene potestad jurídica, sino que cualquier decisión o acción debe adoptarse en junta directiva o asamblea, que integran las tres territoriales proporcionalmente.
Su presidente es José Vicente González, quien atisbó en la debilidad de sus fundadoras de Castellón y Alicante la posibilidad de pasar a asumir todo el poder de los empresarios de la Comunitat en una única entidad, esta vez con voz y autoridad, sueño que ha contado, en la sombra, con el beneplácito de la Generalitat de Ximo Puig.
Sin embargo, sus planes no solo no se están cumpliendo, sino que está en riesgo su propia continuidad. Cierval tiene a día de hoy una deuda de 900.000 euros del año 2015, y en este 2016 puede ser aún mayor, además de que la entidad tiene que responder solidariamente de los conflictos judiciales que tienen abiertos la CEC y Coepa, ya que ella actuaba como avalista ante la administración autonómica a la hora de percibir fondos. ¿Resultado? No dispone de más recursos y no puede sacar adelante la modificación de estatutos que pretendía para pasar a cobrar, directamente, cuotas a los asociados. Ya hay voces que la sitúan en concurso de acreedores en enero. H
