La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, reclama a Pedro Sánchez que «ni se plantee confiscar el dinero de los castellonenses para salvar las nefastas políticas que está desarrollando desde el Gobierno de España, y que son una fábrica de parados y creación de pobreza». «Los ayuntamientos no podemos pagar los platos rotos de la debacle a la que está arrastrando a todos los ciudadanos. Ese dinero ha de servir para ayudar a paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica derivada del covid-19 en la ciudad, porque ha salido directamente de sus impuestos», señaló la dirigente popular.

Por este motivo, su formación ha registrado para su aprobación en el próximo pleno municipal una declaración institucional en la que solicita al Gobierno «respetar y garantizar» la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus propios recursos, siempre en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado.

Según ha denunciado la portavoz popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, «el Gobierno de España está estudiando confiscar el superávit generado en el 2019 por las entidades locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias, unos 28.000 millones de euros, según se deduce de las declaraciones realizadas por los miembros del Consejo de Ministros». «Los ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano y ya han demostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada», indicó Begoña Carrasco.