Apenas nueve meses después de perder el poder en un Ayuntamiento que presidió Rita Barberá durante 24 años, el PP valenciano afronta una verdadera catarsis y una previsible refundación aunque previo paso por el juzgado, donde desde hoy responderán concejales y exconcejales por el supuesto blanqueo de 50.000 euros.
La práctica totalidad del PP de la ciudad de Valencia, incluidos exconcejales y personal de confianza, deberá comparecer a partir de hoy en el juzgado para declarar por la supuesta devolución (en dos billetes de 500 euros) de donaciones al partido de 1.000 euros antes de las elecciones del 24 de mayo.
Este presunto delito de blanqueo es solo una parte --será también una pieza judicial separada-- del conocido como caso Imelsa, en el que se investiga una trama de comisiones ilegales en torno a esta empresa pública, dependiente de la Diputación de Valencia. Sin embargo, el reconocimiento explícito del supuesto blanqueo de capitales en el seno del PP de la capital valenciana por parte de cuatro exasesores han situado las presuntas corruptelas de la Diputación, de mucho mayor calado, en un segundo plano. H
