En la provincia hay actualmente un total de 775 víctimas de violencia de género que reciben protección policial. Son un 10% más que hace un año, cuando la vigilancia se centraba en 700 afectadas. El incremento se debe a un cambio en la normativa que la regula y es que, desde la entrada en vigor de la nueva instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad, se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas. En la práctica supone que, independientemente de que estén en vigor o no las órdenes de alejamiento, se mantiene y prorroga la protección policial mientras exista algún tipo de riesgo (aunque sea bajo o no apreciado), según explican fuentes de la Delegación del Gobierno. El objetivo es que la protección policial no termine hasta que la persona que ha sufrido la violencia de género esté en las mismas condiciones de riesgo que cualquier otro ciudadano de a pie.
