Los grupos PSPV-PSOE, Compromís y PP llevarán el próximo martes al pleno de la Diputación el debate y votación de una moción contra la corrupción en las administraciones públicas. Este documento nace como contrapartida a un texto que presentó Ciudadanos en referencia también a la corrupción y en la que aludía tanto a los ERE como al Gürtel y, tras la negativa del partido naranja de retirar ambos términos, los socialistas, los nacionalistas y los populares optaron por presentar la moción conjunta que se debatirá en el palacio de las Aulas y que está basada en el texto aprobado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Recoge el rechazo hacia la corrupción «en todas sus formas» y exhorta a los servidores públicos «a velar por una gestión responsable y de equidad sometida a la ley» para que la vida política «sea un servicio a toda la ciudadanía basado en valores como son la integridad y la honradez».
VALORACIONES
La portavoz adjunta del grupo socialista, Ruth Sanz, considera que tienen que «dar pasos para erradicar la corrupción de la vida pública, que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad y a los propios gestores públicos». A este respecto, la diputada Sanz ha animado a los representantes de Ciudadanos en la Diputación a que apoyen la moción como forma de unidad del municipalismo provincial en contra de la corrupción.
En esta misma línea se ha expresado el portavoz de Compromís a la Diputación, Ignasi Garcia, quien ha pedido que la cuestión de la corrupción deje de usarse como una «arma partidista». Asimismo, considera que la lucha contra la corrupción tiene que estar presente en las instituciones como metodología de trabajo «transparente y participativa». En cuanto al apoyo del PP, el portavoz de este partido en la institución, Vicent Sales, lo justificó «porque hace referencia directamente y de forma específica a la corrupción». El 'ok' a este texto de la FVMP por parte de los populares no está relacionado con el voto en contra de la adhesión del Ayuntamiento de Castelló al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que este último recoge lo que debe ser el comportamiento ético de los concejales. El 'no' de los populares a este documento en el consistorio se debió a la falta de consenso y porque se hizo por vía de urgencia, indicó Sales.
La propuesta de acuerdo en la Diputación incluye «exigir la obligación de devolver el dinero público a aquellas personas que hayan cometido un delito y la actuación inmediata y contundente de las formaciones políticas para separar a los corruptos de los cargos públicos, así como la retirada de los honores».
