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pocas opciones de sobrevivir

VÍDEO | Estos son los pueblos de Castellón condenados a desaparecer

De las 24 poblaciones de la Comunitat que están al borde del vacío, 17 están en Castellón

 

SERGIO GÓMEZ / ELENA AGUILAR
02/12/2019

Cuando lea estas líneas, seguramente ya habrá escuchado antes que la despoblación es un problema de primer orden que no admite demoras. Es probable que aún retenga las imágenes de políticos en campaña lanzándose al mundo rural para subirse a un tractor o preguntando a una vaca a quién piensa votar. Mientras la España vaciada se cuela en el Congreso de la mano de una plataforma ciudadana, los indicadores de alerta se multiplican a la misma velocidad a la que se acumulan los planes de actuación y los diagnósticos en la agenda de las instituciones. El compromiso del Consell del Botànic con el rompecabezas demográfico se ha traducido en la creación de la Agència Valenciana Antidespoblament (Avant), encargada de pergeñar una hoja de ruta de actuaciones transversales. Unas medidas que, en el caso de Castellón, son todavía más necesarias. Porque si la despoblación es un problema grave en la Comunitat, en la provincia todavía lo es más: de los 149 municipios valencianos en riesgo, 65 están en Castellón, es decir, casi la mitad. En todos ellos las muertes superan con creces a los nacimientos y en 14 de ellos no nace un niño desde hace, al menos, cinco años.

Todos los esfuerzos, sin embargo, podrían resultar infructuosos para evitar que algunos municipios terminen colgando el cartel de liquidación por cierre. Para Javier Esparcia, catedrático de Análisis Geográfico de la Universitat de València (UV) y director de la cátedra Avant-UV contra la despoblación, el enfoque adoptado hasta ahora es «incorrecto» e «ineficaz» y el impacto de las medidas, «limitado». En Castellón hay 17 poblaciones cuyo padrón no supera los 100 habitantes (en Alicante hay 4 y, en València, 3) y para Esparcia todas ellas «están perdidas» como áreas residenciales permanentes. Y eso significa que podrían vaciarse a medio plazo, en cuestión de una década o dos. Sobre ellas quiere intensificar las alarmas la Agencia Avant.

Esparcia sostiene que, aunque hay avances, los fondos antidespoblación presupuestados en 2020 siguen siendo insuficientes. «Se está intentando dar una respuesta rápida en el corto plazo a un problema de largo recorrido», mantiene el investigador, partidario de «reflexionar» sobre un sistema de poblamiento «de la edad media» que «no encaja con la tecnología moderna». «Es muy probable que, por mucho que hagamos, en algunos pueblos no se instale ninguna empresa y no se puedan mantener colegios», observa el catedrático, que aboga por establecer «líneas de defensa» en municipios clave donde habría que concentrar recursos y mantener todos los servicios posibles para retener población. Y eso en la práctica requiere «soluciones imaginativas» y «programas mucho más ambiciosos» desde un punto de vista integral y estratégico, con una perspectiva comarcal que aglutine acciones conjuntas entre varias localidades. Avant distribuye 3 millones de euros anuales a más de 150 municipios valencianos (85 de ellos en Castellón) en riesgo y lo hace en función de una serie de indicadores como el envejecimiento o la densidad de población, un sistema considera ineficaz.

División por comarcas

En Castellón, las zonas más afectadas por la despoblación son, por este orden, las comarcas del Alto Mijares (con 18 municipios en riesgo), Alto Palancia (11), Els Ports (11) o el Baix Maestrat (10). «Es todos los casos se dan un conjunto de circunstancias en común, desde el descenso demográfico, problemas de accesibilidad, escaso dinamismo económico y, en menor medida, un equipamiento público insuficiente», apunta Vicente Budí, profesor del Departamento de Economía y miembro del Instituto de Desarrollo Local de la Universitat Jaume I de Castelló, y coordinador de la cátedra Avant-UJI.

Budí defiende que la cuestión ahora es plantear acciones que paralicen la sangría demográfica y que aporten alternativas económica y socialmente viables. «Desde la càtedra Avant de la Jaume nos planteamos el problema desde dos vertiente: por un lado, conseguir que los territorios en riesgo de despoblación dispongan de las infraestructuras y medios necesarios para el incentivo económico, de manera que se eliminen las trabas que hacen más difícil la vida en estos territorios; y por otro, recuperar el valor de vivir en un pueblo como una opción de modo de vida atractivo», argumenta.

La solución a la despoblación es compleja y la Agencia Valenciana Avant ya ha pedido a los alcaldes de todos los municipios en riesgo un listado de sus necesidades. «Todos coinciden en que la falta de oportunidades es la razón más importante por la que la gente decide irse», explica Evaristo Martí, alcalde de Rossell y adjunto a la dirección de Avant. Otras cuestiones que apuntan los alcaldes son tener buenas comunicaciones, una población cada vez más envejecida, la falta de servicios básicos, el cierre de las oficinas bancarias o la carencia de escuelas de o a 3 años.

Incentivos fiscales

El diagnóstico es claro y, las soluciones, parece que también. «Para que todo eso sea posible hay que buscar políticas para tener buenas comunicaciones, una discriminación positiva para el mundo rural, incentivos a la descentralización, una fiscalidad diferenciada y agilización de los trámites administrativos», sentencia Martí que recuerda que el reto más inmediato que se ha marcado el Consell es que en 2020 no haya ningún pueblo sin cajero automático, acabando así con la discriminación bancaria en la zona del interior de la provincia, donde un total de 90 municipios se han quedado sin sucursal.

El investigador Luis del Romero, doctor en Geografía y profesor de la Universidad de València, comparte la necesidad de abordar una fiscalidad diferenciada, aunque el marco constitucional y las competencias autonómicas complican esa vía. Del Romero coincide en que una cuarta parte de los municipios del medio rural van a quedarse vacíos. En esa tesitura, aboga por concentrar todos los esfuerzos en municipios que son referentes en las áreas subcomarcales, para evitar que la despoblación se extienda con la pérdida de servicios.

Una mayor coordinación

El geógrafo asegura que los alcaldes «están cansados de diagnósticos» y piden más coordinación. «Se pretende atajar un problema global en España cada uno con sus estrategias. Al final todo queda en medidas voluntaristas infradotadas y sin responsables claros». Del Romero cuestiona la «obsesión» por las infraestructuras y opina que el problema puede ser más cultural que de dinero. Por eso, propone aplicar una perspectiva rural en todos los ámbitos para visibilizar el vaciado. ¿Cómo? Descentralizando servicios y funcionarios autonómicos y llevándolos a los pueblos o introduciendo la ruralidad en la educación.

Mientras los expertos discrepan sobre cuál es la ruta a seguir, las administraciones (todas) intentan atajar el problema. Y un ejemplo es la Diputación de Castellón, que esta misma semana ha anunciado que en 2020 invertirá 45 millones de euros en desarrollo rural y despoblación.

Este es el listado con los municipios valencianos de menos de 500 habitantes: