El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se colocó ayer del lado de los municipios castellonenses de más de 20.000 habitantes en la disputa que mantienen por las ayudas provinciales en una vuelta de tuerca más de la pugna que sostiene con la Diputación de Castellón a través de su presidente, Javier Moliner.

De este modo, Puig hace suya la reivindicación de Castellón, Vila-real, Vinaròs, Benicarló, la Vall d’Uixó, Burriana, Onda y Almassora de acceder de modo más amplio a las subvenciones de la Diputación, de la que viene dando cuenta este periódico en los últimos meses, y la suma a la confrontación existente con la administración provincial por el decreto de coordinación turística o la gestión del Hospital Provincial.

bandera municipalista // Puig tomó la bandera de la vocación municipalista tras reunirse con los alcaldes de los ocho municipios grandes, cita en la que, dijo, se habló de cuestiones derivadas de la “discriminación que está sucediendo en la provincia de Castellón por parte de la Diputación”. A su juicio, es “absolutamente incomprensible” que Castellón “sea la única provincia donde los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes estén excluidos de ayudas fundamentales”. En esta línea, anunció que el Consell “hará un estudio jurídico para ver si se puede dar apoyo a la demanda justa de los ayuntamientos” y además van “a buscar fórmulas para compensar a los municipios la agresión por parte de la Diputación”, concretó.

Por otra parte, informó de que el Diario Oficial de la Generalitat publicó ayer ayudas para los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes, que han pasado de un millón “con el Gobierno anterior del PP a casi cinco millones con el actual”, matizó.

Se han aprobado, puntualizó el president, “de una manera abierta, sin ningún tipo de discriminación, ni de orientación partidista”.

Sumó a los anuncios de apoyo a los municipios que “también en el 2017, se pondrá en marcha, si no hay ningún otro problema de financiación, el fondo de cooperación local”. Igualmente, Ximo Puig, quien expresó su deseo de que la ley de racionalización de las administraciones locales “pase a mejor vida” por las cortapisas que supone para la gestión municipal, señaló que pronto se publicará el decreto ley que “pondrá punto final al plan Confianza, que en muchos ámbitos se encuentra desnortado”, y que “dará cobertura presupuestaria y jurídica a aquellas obras que se han quedado sin hacer”

Por otra parte, Puig valoró que la gestión del Consell desde las elecciones autonómicas del 2015 muestra “la ambición por dejar atrás la corrupción” y reiteró caja al 26-J que “los valencianos nece- sitan un Gobierno de cambio”. H