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UNIVERSIDAD

La rectora de la UJI pide al Gobierno desatascar la contratación de profesorado

Alerta del bloqueo del Ministerio a la petición de ofertar 46 plazas de estabilización y promoción docente

 

La rectora de la UJI pide al Gobierno desatascar la contratación de profesorado -

14/03/2019

La rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, ha pedido formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que levante el veto que su departamento ha interpuesto a la petición de la universidad pública de Castellón de sacar una oferta 46 plazas de estabilización y promoción de profesorado. La rectora alega que «la situación actual, con más de 140 solicitudes en lista de espera, es dramática y prácticamente única en toda España».
Según informó, la UJI tiene un grave problema de relevo generacional y estabilización de su personal docente e investigador ya que muchos de sus títulos se han implantado o consolidado a lo largo de los últimos años, cuando la crisis imposibilitó que las universidad públicas pudieran sacar plazas de contratación de personal más allá de las derivadas de las jubilaciones.
Ello, unido a la juventud de su plantilla docente, ha dado pie a que haya un listado con más de 140 solicitudes de promoción a las figuras de profesorado contratado laboral o titular. Ante esta situación, el consejo de dirección buscó soluciones, como que la Universitat Politècnica de València (UPV) le cediera las plazas no usadas de su tasa de reposición, aprobada por las dos universidades el pasado diciembre. Esta opción no tiene ningún coste adicional y ha sido valorada positivamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin embargo, la Dirección general de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha informado desfavorablemente a la cesión de las plazas procedentes de la UPV al entender que vulnera el principio de autonomía universitaria. La Jaume I no lo comparte.
Alcón pidió a la ministra que «sea sensible a nuestras demandas, proponemos una solución muy sencilla y sin incremento de coste para el sector público, para garantizar la calidad de nuestra docencia e investigación».