La reforma del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Borrull de Castelló en la que han estado trabajando el Ayuntamiento y la Generalitat desde el 2015 y que era uno de los proyectos estrella entre ambas administraciones se queda sobre la mesa para la siguiente legislatura. Con un gobierno autonómico ya en funciones tras las elecciones del 28-A y a las puertas de las municipales del 26-M, la rehabilitación del céntrico inmueble cerrado hace 13 años queda a expensas de los próximos gobiernos resultantes de las urnas. El Consell, dados los resultados de los comicios autonómicos, quedaría en las mismas manos, con una reedición del Pacte del Botànic en la que, a tenor de las cifras, el PSPV de Ximo Puig sale reforzado. En la capital, la negociación de la reforma encabezada por la propia alcaldesa socialista, Amparo Marco Gual, queda pendiente de quien gobierne en el Palau Municipal tras la cita electoral de este mes.

‘REAPERTURA’ EN 2017 // El proyecto está estancado a falta de la firma del convenio entre las dos administraciones, cuyo protocolo inicial se firmó en el mismo edificio hace casi dos años, el 29 de mayo del 2017. El último retraso de la reforma de Borrull tiene origen en el presupuesto. Como ya se informó, se renegoció y reajustó. Y es que una vez elaborado el proyecto técnico de obra, el coste estimado en unos 12 millones, superó los 18 millones y tras negociaciones entre las dos administraciones implicadas se intenta cerrarlo en torno a 15.

Castelló aportaría los 12 previstos (que obtendrá a través de una operación de crédito) y el resto se cubriría con fondos autonómicos, según anunció en noviembre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; unos 3 millones, aunque pueden ser menos ante la previsible baja de las empresas en la licitación. La administración autonómica también aporta el edificio, que está valorado en otros 6 millones de euros.

En base al anteproyecto, los 11.700 m2 se distribuirían así: un 68% del total, para dependencias municipales y la administración autonómica se quedaría 32%. El resto sería compartido.