El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que había impuesto en noviembre pasado sobre el decreto ley que había aprobado la Generalitat al objeto de garantizar el acceso universal a la atención primaria en la Comunitat Valenciana, según recoge Efe. La medida beneficiaba directamente a más de medio millar de inmigrantes simpapeles en la provincia de Castellón, que a fecha de hoy habían solicitado acogerse a los beneficios de la salud pública.
La Generalitat había pedido el pasado mes de noviembre al alto tribunal que levantara la suspensión que recaía sobre el decreto ley autonómico que regula el acceso universal a la atención sanitaria, cuyo fin era dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, y que fue impugnado por el Gobierno central por entender que suponía una extralimitación competencial.
El Gobierno valenciano también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional el 14 de diciembre para pedir la confirmación “en todos sus extremos” del decreto ley autonómico aprobado el pasado mes de julio por considerar que no tiene “ningún vicio de inconstitucionalidad”.
El presidente valenciano, Ximo Puig, destacó ayer que la decisión del Constitucional permite prestar el servicio “sin ningún tipo de obstáculo legal” y da garantías para que la universalización de la sanidad sea una realidad en la Comunitat Valenciana.
Puig defendió que prestar atención sanitaria es una cuestión de sentido común y de racionalidad, y dijo que espera que más pronto que tarde el Gobierno central derogue el decreto sobre sanidad universal que es, a su juicio, “absolutamente negativo para los intereses humanos”.
La sociedad valenciana, declaró el jefe del Consell, “no entiende” que no se pueda atender a una persona por razón de origen. “No es una cuestión de papeles, es una cuestión de dignidad y de derechos humanos que los valencianos asumimos como propia”, agregó ayer a los periodistas.
CRÍTICAS AL GOBIERNO // Por su parte, el portavoz de Sanidad del grupo socialista en Les Corts, Ignacio Subías, destacó la “apuesta decidida” del Gobierno de Puig “para recuperar la dignidad de los más vulnerables” a través de un decreto que garantiza la universalidad de la sanidad, aunque el PP “intentará evitarlo” presentando un recurso ante el Constitucional. Según Subías, el PP “llevó a cabo el mayor ataque al Estado social y al sistema sanitario público que se ha producido nunca, además de introducir copagos a discapacitados, pensionistas y dependientes”.
La diputada autonómica de Compromís Isaura Navarro consideró, por su parte, que el levantamiento de la suspensión cautelar sobre la universalización de la sanidad es “la victoria de los derechos humanos”, al tiempo que señaló que, detrás de la decisión del Constitucional, hay “un claro apoyo a las políticas de recuperación de derechos que está impulsando el Consell surgido del pacto del Botánico”. H
