Efecto boomerang. Una semana después de que el exvicepresidente de la Diputación provincial y exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, tirara balones fuera sobre la EDAR de Borriol y achacara a los técnicos toda la responsabilidad sobre la contratación del proyecto --aseguró que “no leía los informes” aunque estuvieran firmados por él--, dos técnicos declararon ayer que Martínez “tenía conocimiento de lo que firmaba”. Es más, manifestaron que, previamente a aprobarse en comisión de gobierno, “se han hecho 20 reuniones” al respecto.

Las manifestaciones se realizaron en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por presuntas irregularidades en la expropiación de unos terrenos sobre los que se iba a levantar la depuradora de Borriol y que resultaron ser propiedad de una sociedad de Martínez y sus hijos.

Por ello, el fiscal solicita una pena de 4 años de prisión y 12 de inhabilitación especial para cargo público para el exalcalde de Vall d’Alba por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas. También se sientan en el banquillo de los acusados los hijos de Martínez; el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría; el empresario y socio de Martínez, Raúl Babiloni, y el empleado de este Luis García. El fiscal mantiene que los acusados se concertaron para que Martínez y sus vástagos obtuvieran un beneficio patrimonial ilícito de 51.008 euros a través de personas interpuestas y sociedades en la venta de los terrenos donde se proyectaba la EDAR.

En la primera tanda de declaraciones de los cerca de 30 testigos previstos en la causa, ayer compareció el oficial mayor de la Diputación de Castellón entre el 2007 y el 2014, que rubricó, junto a Martínez, documentos en todas las fases del proyecto relacionados con la instalación para dar legitimidad a la firma y aseguró que el acusado “tiene conocimiento de lo que rubrica”.

REUNIONES PREVIAS // En términos similares se expresó el jefe de la sección de planificación y cooperación de Diputación, cuyo diputado delegado era el exvicepresidente primero. El técnico declaró que Martínez era el diputado con el que se tramitaban las obras, él seleccionaba las actuaciones que se hacían y presidía la mesa de contratación. A preguntas de la defensa de Martínez sobre si eran las comisiones y la junta de gobierno a quien correspondía aprobar el proyecto y que una comisión podía durar 10 minutos y aprobar 15 planes sin haberlos leído como manifestó su cliente, el testigo respondió afirmativamente. Pero añadió que “previamente a las comisiones, se ha despachado con el diputado (...); en las comisiones simplemente se aprueban, pero antes se han hecho 20 reuniones del tema”.

“LLAMA A BABILONI” // Por su parte, un técnico del Ayuntamiento de Borriol puso en entredicho la declaración del exalcalde Santamaría, al afirmar que éste “intervino en las negociaciones de las expropiaciones por los terrenos para la depuradora”. El testigo declaró que Santamaría y Babiloni sí que hablaron antes de que se firmara el convenio de expropiación de los terrenos. “Una vez me llamó Santamaría y me dijo que hablara con Babiloni y aclarara el tema de la parcela que había aportado a una sociedad (Franvaltur), pero que él era el representante”. H