Los trabajadores sociales de Castellón rozan el pleno empleo gracias a la municipalización de los Servicios Sociales puesta en marcha por el Consell. El hecho de que las valoraciones para agilizar la lista de dependencia las realicen ahora desde los ayuntamientos ha supuesto la contratación de estos profesionales. En la actualidad hay casi 90 de estos trabajadores con formación y acreditados para poder valorar en la provincia. A esto se suma la tramitación de la futura renta garantizada de ciudadanía, que generará la necesidad de contratar a este personal cualificado.

Actualmente, el Col·legi de Treball Social de Castellón (COTS) cuenta con 300 colegiados. Las oportunidades laborales que tienen ahora estos profesionales son más que palpables, como remarca el portavoz del colectivo, Jaume Agost. A pesar del futuro laboral tan halagüeño que tiene el sector, estos estudios no se imparten en la Universitat Jaume I, aunque sí se pueden cursar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con sede en Vila-real. «La mayoría de nosotros hemos estudiado en València», indica el propio Agost.

Para poner sobre la mesa el nuevo plan de Servicios Sociales del Consell, la UJI acogerá el próximo martes la II Jornada Autonómica de Servicios Sociales del País Valencià. La cita abordará «los beneficios que deja este nuevo modelo, así como las dificultades que topa a su paso, los cambios de escenario a los que se enfrenta y qué retos le quedan por delante para ser una realidad».

La jornada contará con 300 participantes, entre las representantes del mundo de la política y el académico. Según Agost, «para que las nuevas políticas autonómicas en materia social tengan una correcta implementación deben ir acompañadas de financiación, recursos para la capacitación de profesionales y formación continuada». La inauguración correrá a cargo de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra,

Además de la dependencia, los trabajadores sociales están a la espera de que entre en vigor la renta garantizada de ciudadanía, que sustituirá a la de inclusión, cuyo plazo de espera ha pasado del año a los dos meses.