La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) da un plazo de cinco días a la Conselleria de Educación para que precise qué medidas ha adoptado para cumplir la resolución judicial que suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo. En una providencia, notificada a las partes, los magistrados piden información sobre «las disposiciones adoptadas para la efectividad de la suspensión acordada» el pasado 23 de mayo a instancia de la Diputación de Alicante, que solicitó la anulación parcial hasta que la Sala se pronunciara sobre su legalidad. La Conselleria que dirige Vicent Marzá reaccionó ayer mismo y aseguró, en un comunicado, que la abogacía de la Generalitat está preparando un informe que detalla las medidas adoptadas. Además, aseguran que el cumplimiento de las mismas es efectivo desde el primer posicionamiento del TSJ.
