«Si Conselleria nos da el edificio o nos concede permiso, dotaríamos una partida para derribarlo». La alcaldesa de Almassora, Susanna Nicolau, se manifestó ayer así en referencia al futuro del inmueble del nº 167 en la avenida José Ortiz, conocido como el Grupo B, tras renunciar al convenio de rehabilitación que ella misma suscribió hace un año.

Nicolau reiteró que la demolición es «la única opción», tal y como se elevó al pleno del pasado lunes. El siguiente paso pasa por «iniciar las gestiones para saber cuánto dinero cuesta derribar el edificio».

El inmueble es propiedad de la Conselleria. «Si ellos no lo tiran, hay otras opciones a seguir», apuntó Nicolau en referencia a la posibilidad de la cesión del edificio o bien la concesión del permiso pertinente para la demolición. «Estamos en el buen camino. En el que los vecinos querían», aseguró la alcaldesa. No en vano, la adhesión de Almassora al acuerdo de regeneración de las fincas causó un gran malestar entre los residentes de la zona, sobre todo en el grupo Fátima, que iniciaron acciones reivindicativas.

Por su parte, el PP ha solicitado a la Generalitat que garantice la inclusión de una partida presupuestaria en el ejercicio 2017 que permita derribar el edificio. Para ello, el diputado autonómico del PP y exalcalde, Vicente Casanova, ha registrado una proposición no de ley dirigida al departamento de María José Salvador. H