El 24 de julio del 2014 marca un antes y un después para los habitantes de la playa de Xilxes, especialmente para los residentes en 54 viviendas, además de un camping. Ese día se vertieron por error 200 litros de hidrocarburos en la red de suministro del agua potable, cuyo presunto responsable se encuentra a expensas de lo que dictamine un juzgado de Nules que instruye las diligencias por un supuesto delito contra el medio ambiente, causa en la que se está personado el Ayuntamiento, por lo que hasta que no se resuelva la causa judicial no se le puede reclamar nada. Y ya han pasado casi cuatro años.
El consistorio inició en enero del 2015 el tratamiento, valorado en unos 300.000 euros, para resolver el problema de contaminación. En octubre de 2016 se reestableció finalmente el servicio de agua potable en toda la playa.
El sistema que se aplicó, llamado ice pigging, consistió en inyectar granizo de hielo por las cañerías, que arrastra a su paso toda la suciedad existente. Al introducirlo en la tubería, forma un tapón que se lleva los sedimentos y los depósitos y produce un efecto desincrustante. Las actuaciones se realizaron en dos fases, la primera se llevó a cabo a principios de año y la segunda parte se efectuó en verano. La Diputación aportó 50.000 euros para ayudar al consistorio a normalizar la situación tras el incidente.
Tras una reunión mantenida en diciembre del 2014 con los perjudicados, en el transcurso de la cual se expuso que los afectados debían abonar 1.400 euros por hogar para solucionar el tema de las instalaciones interiores de agua potable de las viviendas, el entonces equipo de gobierno popular presidido por Vicente Martínez decidió aplazar temporalmente ese pago hasta comprobar la efectividad de la técnica.
Más de tres años después, cada afectado ha abonado una media de 924 euros, sin contar el coste de tener que arreglar de su propio domicilio el cambio de calentadores, depósitos, bombas... que resultaron dañados por el episodio contaminante.
La causa se declaró compleja el 24 de mayo del 2016 y todavía se encuentra en fase de instrucción. En este periodo de tiempo, la concesionaria del servicio, Facsa, ha pasado de estar en la causa como perjudicada a investigada, una decisión judicial que ha sido recurrida. Asimismo, se ha designado un perito para valorar los daños a los perjudicados para conocer el alcance total de los desperfectos y sus costes, cara a la solicitud de indemnizaciones. Pero casi cuatro años después, los vecinos aún no tienen solución ni han recibido ni un euro.
