El derribo del Grupo B de Almassora esta más cerca de ser una realidad tras años de reivindicación para dar una solución efectiva a la problemática que arrastra un inmueble que durante mucho tiempo fue foco de marginalidad en el municipio. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha encargado la redacción del proyecto de demolición de las viviendas públicas de la avenida José Ortiz 167.

Es el nuevo paso que sigue al que dio en febrero la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, al firmar la resolución que ordenaba el inicio del procedimiento para hacer efectivo este proceso. De hecho, la previsión es que la redacción del proyecto esté lista para el próximo mes de junio y, de momento, parece que se van cumpliendo los plazos establecidos.

ACCIONES // Ahora el grupo de 38 pisos está vacío, tabicado y en estado de ruina económica. En esta legislatura, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat tapió varios de los espacios deshabitados por motivos de seguridad. Inicialmente, el polémico grupo constaba de 94 inmuebles, de los que 56 fueron demolidos.

Durante años, se han producido numerosos conflictos en este edificio y hace unos meses la Generalitat y el Ayuntamiento lograron una solución consensuada que ha dado respuesta a las demandas de los vecinos.

Los estudios realizados mostraron que el coste de rehabilitación integral superaba el 50% del valor de una construcción similar de nueva planta. Además, se encuentra fuera de ordenación urbanística. La demolición pondrá punto y final a la grave problemática que ha sufrido durante muchos años ese barrio.

Esta legislatura han mantenido numerosos encuentros entre los representantes de las administraciones autonómica y local con la finalidad de hallar la solución que fuera más idónea.

Finalmente, acordaron que el Consell cederá temporalmente al consistorio el solar que quedará tras tirar el Grupo B para que el consistorio que preside Merche Galí lo destine a usos de finalidad pública, en beneficio de los residentes de la localidad. De hecho, el consistorio remarcó que esta intervención no comportará la permuta de suelo, ni tampoco levantar viviendas sociales en otras zonas de la población.