Suma y sigue. El almacén de gas Castor se ha convertido en una auténtico pozo, pero sin fondo, para las arcas públicas españolas. Cuando todo apuntaba que, tras abonar el Gobierno 1.350 millones de euros a Escal UGS --la anterior gestora del proyecto-- como compensación por la infraestructura fallida, se había dejado saldado el asunto, la realidad se ha impuesto. Y es que no se habían sumado los 295,6 millones de euros que, según la firma canadiense Dundee Energy (socio capitalista de Escal) el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aprobado entregar mediante una resolución con fecha 17 de noviembre del 2015.

En concreto, se trata de 253,3 millones de euros “en concepto de remuneración adicional y otros 42,3 millones como reembolso de los gastos de operación y mantenimiento”, señalan. Una cantidad que la compañía asegura que se percibirán a finales del presente ejercicio económico.

Dundee Energy dio a conocer esta sorprendente información al hacer públicos sus resultados del 2015. Una noticia sobre la que este rotativo ha pedido detalles al propio Ministerio de Industria, sin que haya obtenido respuesta.

Falta por conocer ahora si, como en el caso de los 1.350 millones de euros, que los consumidores de gas han empezado a ver repercutidos en su factura de gas desde el pasado 1 de enero, esta cantidad también acaba impactando directamente sobre sus bolsillos.

TRAMO FINAL // Mientras, frente a las costas de Vinaròs siguen las labores para dar por hibernada la plataforma. Tal y como informó Mediterráneo este mismo lunes, Enagas --que lleva a cabo el proceso-- ya ha realizado el doble sellado de los pozos para garantizar la seguridad de la infraestructura. A esta operación se le suma la instalación en cada uno de ellos de dos piezas mecánicas de acero adicionales a las dos válvulas existentes. El reto perseguido es garantizar la máxima seguridad.

Y es que el futuro del Castor es todavía una incógnita. Pese a las peticiones de los alcaldes de los municipios afectados --Vinaròs, Benicarló y Peñíscola-- del desmantelamiento de la planta, el Gobierno permanece a la espera de un informe del Instituto Tecnológico de Massachussets que establezca el riesgo real de volver a poner en marcha la instalación.

Además, en los tribunales aún no ha concluido la fase de instrucción de un proceso abierto tras la denuncia de Fiscalía por la gestión de este proyecto. H