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EL TRIBUNAL CONSIDERA QUE “NO SE DIERON LAS razones de neCESIDAD” PaRA LEGISLAR POR DECRETO-LEY

El TC anula la indemnización de 1.350 millones del proyecto Castor

El PSOE insta a Rajoy a explicar los motivos del pago de la compensación con «máxima urgencia». El Gobierno estima que la sentencia no cuestiona el pago «sino el vehículo normativo empleado»

 

El almacén subterráneo de gas Castor, en situación de ‘hibernación’, se encuentra frente a la costa de Vinaròs. - MEDITERRÁNEO

MERCHE MARTINAVARRO
23/12/2017

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones por el cierre temporal del Castor. El pleno del TC, por unanimidad, estima parcialmente los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y por el grupo parlamentario socialista en el Congreso --encabezado en esta causa por el presidente del Consell y entonces diputado nacional, Ximo Puig; y defendido por el abogado y actual secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal--- contra el real decreto-ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en el 2014, por el que acordó la hibernación de las instalaciones y el pago de la compensación millonaria a Escal UGS tras su renuncia a la explotación de gas. Dicha aportación se abonaría por la nueva titular, Enagás Transporte, a cambio de obtener el derecho de cobro del sistema gasista a lo largo de 30 años.

ARGUMENTOS // El TC considera que «no se dieron las razones de urgencia y necesidad» que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto-ley «ni en lo que se refiere al pago de la indemnización y al cargo de la misma a Enagás, ni respecto de la concesión a esta última del derecho de pago del sistema gasista», por lo que declara inconstitucionales y nulos los citados artículos de esa norma. Por el contrario, avala la constitucionalidad de los preceptos que regulan la hibernación de la controvertida instalación marina y la atribución de su administración a una nueva empresa.

El Gobierno suspendió en septiembre del 2013 la inyección de gas en el almacenamiento tras los cientos de seísmos registrados en la zona, y en octubre del 2014 aceptó la renuncia de Escal UGS --participada por ACS en un 66,67%-- a la citada concesión.

La sentencia del TC señala la «necesidad de una norma con rango de ley» para atribuir nuevas obligaciones de cobro al sistema gasista, sin que pueda regularse con un real decreto ley.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudia el fallo para adoptar las «medidas oportunas», si bien estiman que «la sentencia no cuestiona el fondo del asunto sino el vehículo normativo empleado». «No concluye que hubiera un pago indebido sino que considera que hubiera bastado solo con que la decisión se hubiera aprobado con un procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del real decreto-ley», añade.

El PSPV reclama que el Gobierno de Rajoy «explique los motivos que le llevaron a pagar con la máxima urgencia los 1.350 millones». Mientras, Compromís pide «responsabilidad penal sobre el Consejo de Ministros que aprobó la indemnización ilegal».