En los últimos 23 años la Generalitat Valenciana ha perdido más de 20 millones de euros con la privatización de las ITV que impulsó Eduardo Zaplana. Un acuerdo muy ventajoso para las empresas que obtuvieron la adjudicación y por el que el expresidente de la Generalitat habría acumulado una fortuna en el exterior.
Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana ha entregado al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Erial un informe pericial en el que disecciona el procedimiento de licitación que siguió la Generalitat para adjudicar este servicio en 1997, dos años después de la llegada de Zaplana al Palau.
La jueza solicitó al organismo que dirige el abogado Joan Llinares la designación de personal de la Agencia para ayudar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el examen forense de la documentación intervenida durante los registros. La magistrada quería saber si se cumplieron los requisitos establecidos en las leyes para la licitación de este servicio.
La Agencia Antifraude ha entregado ahora las conclusiones y en diciembre remitió un escrito al juzgado en el que avanzaba una serie de consideraciones. Según esta información, la pericial ha constatado que Zaplana actuó por su cuenta y no elevó al pleno del Consell la propuesta de contratación. Además, se ha constatado la asombrosa rapidez con la que Zaplana tramitó esta cuestión, pues en el mismo día se realizaron de forma simultánea varios trámites administrativos complejos: el análisis de las propuestas, la ponderación de la mesa de contratación, la propuesta de adjudicación y la posterior resolución del contrato.
Todo ello habría tenido lugar en un mismo día pese al elevado número de ofertas presentadas para cada una de las cinco zonas en las que se dividió la Comunitat Valenciana. El procedimiento administrativo, desde su inicio hasta su adjudicación, se prolongó durante poco más de cuatro meses pese a la magnitud del proceso.
Al parecer, siempre según esta información, la pericial de Antifraude ha acreditado que no existía ningún estudio económico-administrativo del servicio. Tampoco hay constancia del estudio de costes que justificara la selección de empresas, del análisis sobre los beneficios o de los funcionarios que participaron en la tramitación.
Además, se incluyó la figura del vicepresidente en la mesa de contratación pese a que es inaudita y no está recogida en la legislación. Esta figura permitió aumentar el control político en la adjudicación. Las actas no han aparecido firmadas y no se designaron a técnicos para informar sobre las propuestas presentadas.
La consecuencia fue que se tomaron decisiones presuntamente arbitrarias y se descartaron ofertas más ventajosas para la Administración. Según esta información, el informe percial refleja que la Generalitat Valenciana ha perdido 1,7 millones porque nunca se actualizó el importe de arrendamientos de las instalaciones. Trasladando esta proyección al importe abonado a la Generalitat por los cinco lotes, el importe que podría haber recaudado ascendería a más de 20 millones de euros
