Les Corts aprobaron ayer la nueva ley de servicios sociales inclusivos, una norma que, en palabras de la consellera de Igualdad y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, supone «blindar» los derechos sociales, pero que el PP ha vuelto a recurrir por las faltas y errores que, a su juicio, se han producido durante su tramitación.

En virtud de la nueva medida, la Comunitat se convierte en la primera autonomía de España que los declara por norma como «de interés general y esencial».

El documento fue ratificado con los votos favorables de PSPV, Compromís y Podem. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra y anunció que pedirá el amparo del Constitucional por la «falta de transparencia» en su tramitación si la Mesa de Les Corts no acepta su recurso de reposición, presentado ayer.

VALORACIONES // Mónica Oltra señaló que el texto «supone pasar de un sistema asistencialista, que simplemente hacía una especie de caridad a las personas que vienen con algún tipo de dificultad, a un sistema de derechos subjetivos, de carácter universal». Una ley de las más avanzadas, no solo de España, sino de Europa, apostilló Oltra. Por su parte, la diputada socialista Concha Andrés destacó que «contribuirá a una sociedad más justa» y que la norma tiene en la prevención una prioridad. Mientras, Mónica Àlvaro, de Compromís, resaltó el salto de una norma «obsoleta» a una ley universal, accesible, inclusiva y de última generación.

Jordi Alamán, de Podem, subrayó que permitirá llegar a la gente que lo necesita y que la flamante regulación dota de derechos y garantías a la ciudadanía.

Mientras, Sagrario Sánchez, síndica del PP, indicó que la regulación es «necesaria» y no les parece mala, pero que se ha hecho con muchas «prisas» y no será «útil» al no resolver los problemas de los ciudadanos.

Asimismo, el PP criticó que no se podrá poner en marcha porque carga el peso de la financiación en ayuntamientos y diputaciones. Un aspecto que fue contestado por Oltra, quien aseguró que es un sistema compartido entre consistorios, Generalitat y gobiernos provinciales, como la ley de 1997 del PP, que fijaba que Diputación tendría que financiar a municipios de menos de 10.000 habitantes. «Se mantiene esa cofinanciación», defendió.

Por su parte, Ciudadanos dijo, por boca de Antonio Woodward que no comparten ni creen en el modelo del Botànico, pero tampoco en el del Partido Popular de la etapa anterior y que intentaron hasta el final mejorar una ley muy compleja que va a costar mucho de poner en marcha.

Por contra, el Col.legi de Treball Social de Castelló destacó que permitirá atender a mucha más gente que antes, con más profesionales, equipos multidisciplinares y permitirá hacer verdadera «promoción social».