Una jueza de Valencia ha imputado a la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar, a cuatro subdirectores del museo y a un empresario por sobreprecio en la compra de obras de arte y publicaciones. Según manifiestan desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza ha levantado el secreto de la causa abierta por prevaricación, falsedad y malversación.

La investigación judicial se inició en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía contra Císcar y otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas. La jueza Nuria Soler considera que de las diligencias practicadas hasta el momento “resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM”, ya que se habrían pagado “importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor”, una práctica que redundaba en “un claro lucro para terceros”.

En el auto, notificado ayer a las partes, la jueza concluye que estos hechos “habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo”. En la causa están investigadas, además, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM en distintas áreas. Se trata en concreto del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Por otro lado, aún no se ha fijado el calendario de comparecencias de los implicados.

En junio de 2015 un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión del IVAM entre 2009 y 2013 reflejó diferencias de hasta el 1.520 % entre el precio de adquisición de las obras de arte y el valor de mercado. Es el caso de la obra Della Bestia Triunphante de Julio Quaresma, adquirida en 2011: su precio de adquisición ascendió a 32.400 euros, mientras que la valoración externa ofrece un valor de 2.000.

Unos días después de conocerse ese informe, Císcar afirmaba ser “víctima de una trato inhumano, degradante y vejatorio”, y aseguraba que todas las decisiones se basaron “en el criterio de la comisión de adquisiciones”. H