El pleno de Les Corts aprobó ayer la modificación de la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) de 2014, que incluye soluciones para las llamadas urbanizaciones fantasma y para regularizar las edificaciones diseminadas sin licencia.
La nueva LOTUP, que crea la figura del agente rehabilitador y elimina la de las actuaciones territoriales estratégicas (ATEs) para sustituirlas por los Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PIES), salió adelante por los votos a favor del PSPV, Compromís y Podem, la abstención del PP y la oposición de Ciudadanos.
El pleno dio luz verde a una enmienda por la que se creará la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, para ejercer las competencias autonómicas sobre disciplina urbanística, y que, entre otras funciones, se encargará de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística.
Para dar una solución a los centenares de los Planes de Actuación Integrada (PAI) fantasma de la Comunitat --aquellos que se aprobaron y están paralizados porque los agentes urbanizadores han quebrado o abandonado la actuación--, la ley ofrece dos opciones a los ayuntamientos.
Así, los PAI iniciados y que pueden ser viables se podrán dividir en sectores para ejecutarlos poco a poco y ampliar el plazo de ejecución a diez años, mientras que en los PAI inviables se podrá hacer una «reparcelación inversa» para que los terrenos vuelvan a la situación anterior, sin ninguna carga para los propietarios.
MODELO «DEPREDADOR» // La consellera de Infraestructuras, María José Salvador, destacó que la nueva LOTUP fija las bases de un nuevo modelo urbanístico sostenible, frente al modelo «depredador y especulador» del PP, del que han heredado casi mil millones de euros en demandas por autorizar PAI sin tener en consideración el impacto ambiental.
La socialista Sabina Escrig afirmó que se ha pasado «del tsunami del PP a la recuperación del territorio con el Botànic» y Belén Bachero, de Compromís, indicó que esta norma supone «un antes y un después» en la legislación urbanística valenciana, donde el agente urbanizador ya no podrá reclasificar, pues los ayuntamientos tienen la gestión directa.
Por su parte, la diputada del PP Elisa Díaz justificó su abstención en que, pese a los intentos de Podem y Compromís, esta ley «no llega a modificar el modelo urbanístico del PP, que fue el que puso fin a la especulación».
Desde Podem, el diputado Antonio Montiel indicó que este no es el texto que hubieran querido debatir, mientras que María José García, de Ciudadanos, calificó la ley «sectaria y sin consenso».
