La controvertida financiación autonómica deberá ocupar un espacio prioritario en la agenda del Gobierno el próximo otoño, al menos así lo considera el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien califica de «absolutamente irrenunciable» establecer este objetivo inaplazable en el tiempo, para «superar las discriminaciones entre comunidades autónomas y tejer una cogobernanza sana en España», argumenta.

Defender esta postura, como recuerda Puig, es uno de los puntos que conforman el acuerdo de reconstrucción alcanzado por todos los partidos con representación en Les Corts, a excepción de Vox. Porque la financiación, a su modo de ver, es un problema estructural que va mas allá de la crisis y del fondo europeo de reconstrucción. Desde la Generalitat temen que de no solucionar este problema, en el reparto de los ingresos del Estado se mantendrían las asimetrías existentes entre comunidades, lo que generaría «desafección, injusticia y cronificar la falta de convivencia», señala Puig.

Con el horizonte de buscar una solución consensuada a la infrafinanciación que lleva denunciándose desde hace años, el president valora con «moderada» satisfacción el fondo no reembolsable de 16.000 millones aprobado por el Gobierno que posibilitara «resarcir a las comunidades del agujero fiscal que van a presentar».

La insistente reivindicación no ha menoscabado la relación con el Estado, según Puig, que destaca la unidad de acción que ha caracterizado la relación de las comunidades con el Gobierno desde marzo.