El president de la Generalitat, Ximo Puig, desveló ayer que el Tribunal de Cuentas investiga, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, presuntas irregularidades del anterior Consell; a lo que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, le acusó de lanzar “cortinas de humo interesadas” para “esconder su falta de gestión y recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales”, así como su encuentro con “un independentista”, creando “lío” en el PSOE.
Respecto a la investigación, Puig anunció durante la sesión de control que el Tribunal de Cuentas ha pedido al Consell, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, información sobre irregularidades en las conselleries de Presidencia, Infraestructuras --que estaba a cargo de Bonig-- y Economía, reflejadas en el Informe de la Sindicatura de Comptes del 2013.
Precisamente, el president de la Generalitat expuso esta nueva investigación de irregularidades del PP en una respuesta a una pregunta de Bonig, portavoz popular, sobre el cumplimiento del Plan Económico Financiero de la Comunitat 2016-2017. Así, Puig apuntó que a la Generalitat “no paran de llegar denuncias de todo tipo”, la última de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que pide que se informe de contratos que Bonig hizo de manera “ilícita o ilegal” cuando era consellera de Infraestructuras. Al respecto, relató que en varias conselleries había expedientes que no contenían factura de gasto, una ausencia de justificación documental de los criterios seguidos para elegir contratistas --no se pidieron varios presupuestos-- y posibles fraccionamientos de contratos, según el informe del Síndic 2013.
Ante esto, Puig defendió que el actual Consell actuará de manera muy diferente al anterior, donde algunos se dedicaban a “robar” y otros a “gestionar fatal”.
DEFENSA // Bonig recordó que el informe del 2013 no halló situaciones en que concurriera responsabilidad contable y, en general, era acorde a los principios contables y normativos. “Lo único que hace la Fiscalía es pedir información” de varias conselleries y cajas fijas de hospitales, dijo. Y agregó que en su Conselleria el Síndic de Comptes indicó que se certificaron 156 contratos menores, de ellos 89 en el límite legal de 17.000 a 18.000 euros, y que en alguno no se había “apreciado la factura”, porque “a lo mejor” no se había remitido o se tendrá que pedir. Además, precisó que los contratos menores solo requieren la aprobación de gasto y la factura, sin la cual “el interventor no la pasa”. “Es una cuestión de gestión directamente de los subsecretarios, en la que los consellers no intervienen”. H
