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EMERGENCIA SANITARIA

Las dietas poco saludables de los diputados

El parón parlamentario pone en entredicho los complementos salariales de sus señorías. Los letrados del Congreso aducen que el pago de estas indemnizaciones es una "obligación"

 

Aspecto del Congreso de los Diputados, el 18 de marzo. - EFE / MARISCAL

JOSE RICO
11/04/2020

Una gran mayoría de sus señorías los diputados percibieron en sus nóminas de marzo y lo harán en la de abril la correspondiente dieta por desplazamiento, manutención o alojamiento, como el resto de meses del año. Algo que no llamaría la atención si no fuese porque muchos parlamentos permanecen cerrados o en servicios mínimos durante el estado de alarma, es decir, sin un volumen de trabajo equiparable al del resto de meses. Cierto es que algunos parlamentos autonómicos y partidos han optado por no abonar estos complementos y donar parte de sus retribuciones a la lucha contra el coronavirus.

Los letrados del Congreso sostienen que es "una obligación dotar presupuestariamente cada año la cuantía total de las percepciones de los diputados y sus modalidades", lo que exige tener fijada el mismo montante cada mes, sin alteraciones, con independencia "de la libre voluntad de los diputados de renunciar a su indemnización de gastos por ejercicio de su función", ya que para los diputados sí "es un derecho, no una obligación", percibir esa indemnización.
 
Congreso y Senado
En las Cortes Generales, la cuantía de la dieta, libre de impuestos, depende de si el diputado o senador pertenece a la circunscripción de Madrid (algo más de 900 euros en tal caso) o a cualquier otra (algo más de 1.900 euros), y se concede para afrontar "los gastos que les origine la actividad de la Cámara". En total, cada mes el Congreso dedica a estas dietas un total de 635.265,71 euros y el Senado, otros 505.650,64 euros. Los gastos de transporte, que deben ser justificados, se cobran aparte.

ERC, JxCat, EH Bildu, Compromís, CUP, PRC y Foro propusieron que la Cámara retuviera esas indemnizaciones a los 350 diputados durante el confinamiento, pero la Mesa, siguiendo las recomendaciones de sus letrados, decidió que no podía alterar las cantidades que los diputados perciben mensualmente y dejó al arbitrio de cada uno de ellos la posibilidad de renunciar expresamente. Pese a mantener estas dietas, el Congreso destinará tres millones de euros procedentes de remanentes presupuestarios de años anteriores a la cuenta abierta por el Tesoro Público para financiar los gastos ocasionados por la emergencia sanitaria.

Los partidos

Ante esta situación, los diputados y senadores del PSOE donarán a entidades sociales o públicas las indemnizaciones por sus funciones representativas mientras dure el confinamiento. Es lo que se conoce como "gastos de representación" y es una parte del complemento que recibe un parlamentario dependiendo de si es integrante de la Mesa, de la Junta de Portavoces o de alguna comisión. Esta cantidad oscila entre 756,27 euros y 1.847,35 euros mensuales, según el cargo en el órgano.

Los cargos públicos de Unidas Podemos ya renuncian a parte de sus salarios, pues el régimen interno del partido limita el sueldo de sus miembros al triple del salario mínimo interprofesional y obliga a que la parte restante de la retribución sea objeto de donación.

Vox, que primero se negó a recortarse los salarios aduciendo que "siguen teniendo gastos" porque continúan trabajando, donará finalmente la subvención del grupo en el Congreso a asociaciones de víctimas del coronavirus. Los grupos parlamentarios reciben una subvención fija de 29.606,56 euros mensuales y otros 1.703,57 euros extra por cada diputado.

Otros parlamentos

En el Parlament catalán la compensación es anual, prorrateada en 14 pagas, y oscila entre los 18.518,76 euros que reciben los diputados que residen en Barcelona y su área metropolitana y los 26.067,36 euros para los que viven a más de 191 kilómetros de la capital catalana. La Mesa de la Cámara catalana acordó que cada diputado done el 25% de su sueldo (dietas incluidas) a alguna entidad u organismo que lucha contra la pandemia.

Idéntico baremo, en función de la distancia respecto de la sede del legislativo, se utiliza en Andalucía, Extremadura, Comunitat Valenciana, Aragón y Asturias. El Parlamento andaluz, las Cortes aragonesas y la Junta General asturiana han suprimido el cobro de estos complementos durante el estado de alarma. La Cámara andaluza, además, ha puesto a disposición del Gobierno autonómico 4,2 millones de euros de su fondo de remanentes para reforzar recursos contra la pandemia.

La misma vía empleó el Parlamento de Galicia, que transfirió a la Xunta dos millones de euros procedentes del remanente de tesorería. La Cámara gallega, como la de Castilla-La Mancha, tienen establecidas dietas fijas 'urbi et orbi', para todos sus miembros sin distinción alguna. Los diputados gallegos cobran 2.587,39 euros de emolumento todos los meses por "gastos de alojamiento y manutención".

Las Cortes castellanomanchegas, que pagan 1.450 euros mensuales de dieta, salvo en agosto, que se quedan en 475 euros, se han limitado a instar a los grupos y a los diputados, "a título individual, a que hagan donativos, dando ejemplo y empatizando con la ciudadanía que está sufriendo". Y es que muchas cámaras esgrimen el mismo argumento que los letrados del Congreso: jurídicamente no se puede detraer el cobro de estas compensaciones.

En Cantabria, Castilla y León y La Rioja, el criterio que fija las cantidades del complemento salarial es el cargo: diputado raso, miembro de la Mesa, portavoz de grupo parlamentario, presidente de comisión, etc. En Baleares, donde este baremo se conjuga con el mes del año, en función del volumen de actividad, la falta de acuerdo ha impedido por ahora que sus señorías se rebajen el salario. En Euskadi, la dieta se abona en concepto de "gastos de locomoción" y su montante varía según la circunscripción del diputado.

Los parlamentos de Canarias, Madrid, Murcia y Navarra no abonan dietas fijas mensuales en todo el año, sino que, en algunos casos, compensan a sus diputados con una cantidad variable por realizar determinadas actividades o en función del kilometraje recorrido con sus vehículos particulares para el ejercicio de su cargo público.