L os consejos de administración de CaixaBank y de Bankia se reunirán por separado hoy para aprobar la mayor fusión del sector bancario español en dos décadas. La reunión mantenida el martes por el presidente de la Fundación y Criteria, Isidre Fainé; y la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que representan a los dos principales accionistas de cada una de las entidades, aceleró un proceso que se había encallado.

El escollo del precio para el intercambio de acciones (ecuación de canje) se superó tras encontrarse una fórmula que satisface a los dos protagonistas del proceso, la Fundación Bancaria La Caixa, el principal accionista de CaixaBank a través de Criteria; y el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La otra cuestión es la gobernanza y está previsto que el consejo del grupo resultante tenga 15 miembros. Del total, 10 serán independientes.

En representación de los principales accionistas del nuevo banco habrá tres consejeros más, de los cuales uno defenderá directamente los intereses del Estado y otros dos, los de La Caixa, a través de CriteriaCaixa.

El resto del consejo lo formarán los dos consejeros ejecutivos: el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ocuparán los mismos cargos en el nuevo grupo financiero.

A pesar de que la fusión se da por hecha, desde fuentes financieras advierten de que habrá que esperar el resultado de los consejos de administración para «cantar victoria». En todo caso, Calviño consideró ayer «probablemente inevitable» el proceso de consolidación bancaria si se quiere mantener la solvencia y la capacidad del sector financiero de afrontar el futuro. Durante un encuentro de AmChamSpain online, al ser preguntada por la fusión de Caixabank y Bankia, advirtió de que todas las operaciones tienen que respetar la competencia y los intereses de los consumidores y, por ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «adoptará las medidas necesarias» en cada caso para garantizar «que el sector financiero cumpla en el futuro el papel que le corresponde».

Una vez que los respectivos consejos ratifiquen hoy los términos de la operación, la propuesta deberá ser revisada por la comisión rectora del FROB. El objetivo es formarse una opinión de cara al voto en la junta de accionistas que debe ratificar el proceso de integración a finales del mes que viene, según fuentes financieras. La entidad pública tiene el 61,8% de Bankia.

Gracias a la fórmula que se ha encontrado para superar el escollo con el que había tropezado la negociación para pactar la integración, el principal accionista de CaixaBank podrá mantener el 30% en el nuevo grupo, un umbral a partir del que puede seguir con las ventajas del régimen especial de consolidación fiscal de acuerdo con la ley del impuesto de sociedades y la de fundaciones bancarias. Y, a la vez, podrá pagar al Estado una prima por las acciones de Bankia, que le otorgarán un peso accionarial mayor al previsto, en torno al 16%, en vez del 15%.