El pleno del Congreso aprobará este miércoles a última hora conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo (TS)para poder investigar a Francesc Homs, el portavoz del Partit Demòcrata y 'exconseller de Presidencia', por su intervención en la consulta del 9-N. Al ser diputado, Homs está aforado y el TS necesita una autorización previa para llevarle ante la justicia, permiso que la Cámara baja concederá previsiblemente con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. El pleno se celebrará por la noche (se estima que puede comenzar sobre las nueve) en una sesión a puerta cerrada, a la que solo tienen acceso los diputados, y cuyos discursos y votación definitiva son secretos, según lo establecido en un reglamento parlamentario que ha quedado anacrónico. Si bien cuando fue aprobado, en 1982, esa opacidad trataba de favorecer preservación del interés de los diputados, es de consenso común que la norma resulta ahora, además de obsoleta, ineficaz para la defensa, como ha lamentado insistentemente el afectado.
Será un día amargo para Homs. Para arroparle en Madrid estarán el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su antecesor en el cargo, Artur Mas. Ambos comparecerán a primera hora de la tarde en un hotel próximo al Congreso en una rueda de prensa (a la que también asistirá Lluis Llach) para mostrar su apoyo al exconseller y exponer que la justicia no puede resolver los problemas políticos que enfrentan a Catalunya con el Estado. Junto a ellos, estarán las fuerzas políticas que votarán en contra de conceder ese suplicatorio, pero cuyas papeletas no bastan para impedirlo: Unidos Podemos, ERC, PNV, Bildu y Compromís. Consideran que no se puede juzgar a alguien "por sacar las urnas a la calle" y ya manifestaron su oposición en la votación de la comisión del Estatuto del Diputado, trámite previo a que el asunto llegase al pleno.
JUICIO EN PRIMAVERA
La votación de esta noche es el último paso para conceder el suplicatorio lo que implica que el Tribunal Supremo tiene ahora potestad para investigar a Homs, según establece la Constitución en su artículo 71, por su intervención en la consulta de 2014. El TS le acusa de dos presuntos delitos, desobediencia y prevaricación, los mismos por los que la fiscalía solicitó 10 años de inhabilitación para Artur Mas.
El exconseller calcula que su juicio se abrirá la próxima primavera, en un calendario que, intuye, se acelerará o ralentizará atendiendo al nivel de tensión existente entre Catalunya y el Gobierno.
En la historia parlamentaria son escasas las solicitudes que se han denegado. Entre esas excepciones, el caso de Alfonso Guerra en 1982, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (1986), y el del exministro del Interior José Barrionuevo (1988).
