Mariano Rajoy ya no dispone del rodillo parlamentario de la anterior legislatura pero redobla su pulso para no someterse a la voluntad de la oposición en estos nuevos tiempos de mayoría minoritaria. A falta de diputados suficientes en el hemiciclo para paralizar las iniciativas aprobadas por el resto de grupos, el Gobierno vuelve a echar mano de un recurso técnico como eximente: el incremento de gasto por encima del presupuesto aprobado. Invoca el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite en principio imponerse sobre el poder legislativo cuando alguna de las decisiones adoptadas en las Cortes puede condicionar el equilibrio de las cuentas estatales.
Este diario ha podido confirmar que este martes el Ejecutivo vetará otras dos proposiciones de ley, que se suman a las diez que ya bloqueó hace semanas. Se trata de la rebaja de tasas judiciales a las PYMES, las entidades sin fines lucrativos y las comunidades de propietarios. El texto pedía al Gobierno que modifique la ley en un plazo máximo de tres meses. El ministerio de Presidencia ha enviado a la Mesa del Congreso un informe en el que sostiene que esta decisión comportaría un descenso de los ingresos previstos para este año en los presupuestos del Estado. En concreto, cifra en 15 millones anuales la disminución de un total previsto de recaudación de 45 millones a través de las tasas.
La otra iniciativa paralizada son las ayudas para la crianza de hijos. El informe que este martes analizará la Mesa estima que la iniciativa implica aumentar el gasto en prestaciones familiares de pago periódico por hijo en 6.102 millones de euros anuales.
LA LOMCE
El pasado 14 de octubre el Ejecutivo ya vetó diez proposiciones de ley promovidas por la oposición y lo justificó aduciendo que, si salieran adelante, supondrían una desviación presupuestaria de 5.000 millones de euros, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas. Entre ellas está la aplicación de la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que, según el informe presentado, impediría recibir en torno a 600 millones de euros de subvenciones. Aunque el Parlamento evitó entonces en una votación de la Mesa que el Gobierno paralizase la derogación, el Consejo de Ministros del pasado viernes requirió, de nuevo, al Congreso a que revoque la decisión, al considerar que se ha excedido en sus competencias.
Unidos Podemos protestará ante estos vetos y volverá a solicitar un informe a los letrados de la Cámara para que determinen si, efectivamente, las medidas suponen un aumento del gasto como el cifrado en el documento remitido por el Ministerio de la Presidencia.
El Gobierno parece decidido a dar el pulso y está estudiando a través de la Abogacía del Estado la posibilidad de recurrir en los tribunales, lo que podría terminar en un nuevo conflicto de competencias con el Congreso. El Tribunal Constitucional aún no ha resuelto el pulso planteado por la Cámara baja en primavera, cuando el Ejecutivo se negó a someterse al control parlamentario por estar en funciones.
