La Junta Electoral Central (JEC) ha citado para el próximo lunes a mediodía a los 54 eurodiputados elegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución. Y ya ha avisado al expresident catalán Carles Puigdemont de que, sin ese trámite, no podrá recoger el acta para el Parlamento Europeo. En una resolución aprobada ayer, la JEC procedió a la atribución de los 54 escaños que se eligieron en los comicios del 26 de mayo y a la proclamación de los candidatos electos.

Y como establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), convocó a los electos para el lunes. El acuerdo se publicará hoy en el BOE, y ya ha sido notificado a los representantes de las candidaturas para que lo trasladen a los interesados. Ahora bien, tanto el abogado Gonzalo Boye, representante legal de Puigdemont y de Toni Comín, como su coalición Lliures per Europa (Junts) solicitaron también que les fuera remitida «de inmediato» el acta de proclamación de los electos al Parlamento Europeo.

Sin embargo, la JEC negó la petición a los dos independentistas huidos a Bélgica, y recordó que «la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, conforme establece el artículo 224.2 de la LOREG». «La Junta Electoral Central comunicará al Parlamento Europeo la relación de diputados electos que hayan cumplido el requisito de prestación de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, y lo hará en el momento en que se produzca dicho acatamiento», señaló.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, preso en Soto del Real y pendiente de sentencia en la causa del procés, sigue pendiente de que el Supremo decida si le da permiso para acercarse el lunes al Congreso a cumplir con ese trámite del acatamiento.

Además, en una resolución dictada el pasado lunes, la JEC ya dejó claro que no valdrá cualquier fórmula de acatamiento de la Constitución, sino que solo pueden «reputarse válidas» aquellas «que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución».

Así contestó el organismo arbitral a la consulta planteada por representantes de dos entidades para saber si la fórmula de acatamiento sui generis promovida por la Associació de Municipis per la Independència (AMI) para la sesión constitutiva de los ayuntamientos que tendrá lugar mañana es o no válida.