Tras meses de amagos, ultimátums y desafíos, la Comisión Europea ha decidido apretar el llamado «botón nuclear» contra Polonia. Un mecanismo previsto en el Tratado de la UE -el artículo 7- que permite castigar a los estados miembros si se constata una «violación grave y persistente» de los valores europeos, como el Estado de derecho, y que puede terminar con la retirada del derecho de voto en el Consejo. Y la deriva autoritaria emprendida por Varsovia, con reformas judiciales que ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial, no ha dejado más remedio que pasar a la acción.

Se trata del mayor castigo que un país de la UE puede sufrir a manos de sus socios y nunca en la historia europea había sido activado. Pero la realidad se impone, así como el hecho de que la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado desde que en julio pasado la Comisión Europea lanzara su ultimátum.

Hasta ahora, Bruselas se había resistido a dar el paso por las repercusiones políticas que una decisión de este calado podría tener en la sociedad polaca en un momento tan crucial como el actual, en plena negociación de la salida del Reino Unido del club, y cuando en Europa no se ha superado todavía la crisis abierta por el sistema de cuotas de refugiados, que ha dejado una profunda brecha entre el este y el oeste.

DIÁLOGO INFRUCTUOSO / Pero tras muchos viajes y más de 25 cartas enviadas a las autoridades polacas, a Bruselas se le ha agotado la paciencia. Las relaciones entre Varsovia y la Comisión Europea hace meses que están en un callejón sin salida. El diálogo político se ha roto, la interlocución es nula y los intentos por convencer a Varsovia han caído una y otra vez en saco roto. Aún así, la Comisión no se cierra al diálogo. «Siempre estaremos dispuestos a relanzar el diálogo con las autoridades polacas y a viajar a Varsovia. Estamos disponibles las 24 horas del día, pero hasta la fecha hemos recibido las mismas señales», ha reiterado Timmermans.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha invitado este miércoles al nuevo primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a acudir a Bruselas el 9 de enero para abrir una nueva vía de diálogo y en Bruselas insisten en que están dispuestos a dar marcha atrás si en los próximos tres meses Varsovia anula las reformas polémicas. Algo que parece difícil. De hecho, Morawiecki ha insistido en que las reformas planteadas son necesarias, aunque está dispuesto a dialogar.

Si Varsovia no cede, el desafío terminará en la mesa del Consejo y la decisión final la tendrán los estados miembros. Estos deberán aprobar con una mayoría de cuatro quintos -22 de 27 países- un dictamen en el que constatan la existencia de «un riesgo claro» de vulneración de los principios de la UE. Antes de tomar esa decisión, Polonia tendrá derecho a ser escuchada. Si el Gobierno polaco sigue haciendo oídos sordos, el Consejo Europeo podrá decidir por unanimidad. Y aquí es donde empiezan las dificultades, ya que algunos socios, como Hungría, ya han dicho que bloquearán la decisión.

«No hay manera de que el Ejecutivo húngaro acepte», ha dicho ya su vicepresidente, Zsolt Semjén. Solo si consiguiera superar ese muro, se podría llegar a la retirada del derecho de voto en el Consejo. Algo, de momento, improbable.