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La correa de ‘Gürtel’ aprieta al Partido Popular

 

Los empresarios acusados de la trama valenciana del caso Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, habían responsabilizado ya al expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps de haber «ideado, creado y ordenado» el sistema de financiación ilegal del PP, en palabras del «amiguito del alma» apodado el Bigotes. Pero ayer la acusación subió un grado porque fue nada menos que el castellonense Ricardo Costa, exsecretario general del partido en la Comunitat, quien ratificó el relato del fiscal y las confesiones de los integrantes de la trama al admitir que el PP valenciano se financiaba con dinero negro –habló en concreto de una campaña electoral en el año 2007– por orden de Camps. Es la primera vez que un alto cargo del PP admite la financiación ilegal.

Tanto el expresidente valenciano como el exvicepresidente Vicente Rambla niegan los hechos. Camps, miembro ahora del Consell Consultiu de la Generalitat, lamentó que «el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa», aunque en este caso su negativa es poco creíble no solo por la coincidencia de versiones, sino porque Costa se enfrenta a una petición de siete años y nueve meses de prisión, sin que hasta el momento -más allá de su legítima estrategia de defensa- se conozca pacto alguno de reducción de condena.

Aunque declaró que al menos dos actos electorales de Mariano Rajoy en la Comunitat fueron sufragados en parte con dinero opaco, Costa desvinculó de la trama valenciana a la dirección nacional del partido. Pero el cerco de la corrupción rodea cada vez más a los populares, por lo que Rajoy no puede despachar de nuevo el asunto, como hizo en una entrevista radiofónica, diciéndole al periodista que él no sabía nada «de eso de lo que usted me habla» y que, en todo caso, ninguna de las personas que están siendo juzgadas por los tribunales pertenece ya al Partido Popular. Es como si, para eludir responsabilidades políticas por la corrupción, bastara con suspender o expulsar del partido a los miembros implicados.

La corrupción es un cáncer que se había extendido como una metástasis por los organismos del PP y cuyas consecuencias están lejos de haber sido eliminadas. Ahora mismo, Cs se niega a aprobar los Presupuestos mientras la senadora Barreiro, imputada en la trama Púnica, no deje el escaño, tal como fija el pacto que facilitó el apoyo de Albert Rivera a la investidura de Rajoy, quien, sin embargo, tampoco se da por aludido.