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Opinión

 

Descentralización y salud pública

 

Uno de los peores escenarios ante el que pueden hallarse los ciudadanos en esta época de incertidumbres es la indefinición creada a partir de conflictos jurídico-políticos. Y es justo lo que está pasando en Lleida y en la comarca del Segrià. La medida extrema del confinamiento domiciliario implantada por una orden del Govern ha sido recurrida por la Fiscalía y una jueza ha decretado que no tenía validez por cuanto excedía las competencias autonómicas y precisaba de la garantía del Congreso, como ocurrió con el estado de alarma general. Restringir el movimiento de los ciudadanos es un asunto muy delicado que implica la suspensión temporal de un derecho fundamental por causa mayor. Y, en Lleida, los hechos avalan la medida, recomendada además por los especialistas. Si el Estado asumió en su día la responsabilidad centralizada de la lucha contra la pandemia, con la llegada de la nueva normalidad la gestión corresponde a las autoridades autonómicas, que deben poder tener la tranquilidad jurídica necesaria para tomar decisiones de orden sanitario, aunque sean radicales. La situación que se da en Lleida provoca extrañeza, por cuanto esta misma semana hemos asistido a otros confinamientos, territoriales o locales, y a restricciones tan severas como la del derecho a voto en Euskadi y Galicia que no han sido rechazados por la justicia ordinaria. Además, la misma jueza que ha dejado sin efecto la orden de la Generalitat catalana avaló en su día, y antes del estado de alarma, el confinamiento de Igualada y la Conca d’Òdena.

Estamos ante una problemática en la que no debería caerse en el error de convertir el debate en un choque de competencias, puesto que la descentralización --con críticas que deberán analizarse en el caso concreto de Lleida: falta de información, errores en la vigilancia del control epidemiológico, déficit en el rastreo de positivos-- es eficaz, siempre que se tenga a mano una arquitectura jurídico-legal que ampare la acción de las autonomías.

El Estado ha asumido la cogobernanza y considera que la Generalitat catalana tiene suficientes instrumentos jurídicos para implantar estas medidas. Contempla la gestión descentralizada como la mejor opción, al mismo tiempo que prevé una acción coordinada cuando los rebrotes afecten a autonomías colindantes, y descarta por ahora un estado de alarma parcial, mientras que, en Cataluña, Quim Torra aboga por un decreto-ley que regule un plan de rebrotes para asegurar con celeridad la contención del virus en el Segrià.

Los ciudadanos tienen el derecho a saber a qué atenerse. Disputas legales o discusiones sobre los escudos jurídicos para tomar según qué decisiones no pueden incrementar más aún una sensación de desprotección que no solo afecta a la salud comunitaria sino también a la evolución de la economía. Ante el conflicto sobre la idoneidad competencial de la Generalitat catalana no puede cargarse sobre las espaldas de los vecinos la responsabilidad individual de hacer frente a la crisis en Lleida o en cualquier otra región. Se precisa concreción, eficiencia y seguridad en la Administración.