El debate público parte de los datos pero no se puede quedar solo en ellos. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 2017 son buenos si se comparan con los de los años más intensos de la crisis económica. España generó más empleo y, en términos estadísticos, se aproxima a los niveles de ocupación de los ejercicios previos al hundimiento de la deuda. Pero ese balance que el Gobierno exhibe legítimamente no nos puede dejar satisfechos. Estamos ante un empleo más precario y peor retribuido del que tomamos como referencia. Bajar la tasa de paro del 25% al 16 % es un éxito en términos absolutos, pero no puede dejar a nadie tranquilo, ni al ejecutivo ni a los agentes sociales ni a la población en general. Hay que seguir avanzando por la senda de la competitividad, pero acompasándola con la de la productividad. La línea que han señalado esta semana UGT y CCOO es la correcta y los empresarios y la administración debe recoger el guante lo antes posible.
Mejorar la productividad implica un cambio en la cultura de las relaciones laborales en España pero también un cambio de modelo económico. Significa que las empresas tienen que asumir inversiones para que, junto a la reducción de costes laborales, se contemple una mejora de los productos y un aumento de su valor añadido. Y también exige que la administración focalice sus ayudas lejos de los sectores puramente especulativos y de aquellos que, aún siendo obsoletos, se mantienen ahora artificialmente.
